Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen que expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de esta institución, conforme a las facultades que la Constitución le confiere.
Este ordenamiento también incluye la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, y demás personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Mandata a la FGR a regirse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género.
El proyecto de decreto dota al Ministerio Público de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de delitos. Con ellos, podrá intervenir en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como solicitar la reparación del daño, la extinción de dominio y salvaguardar los derechos de la defensa, de conformidad con esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Además, precisa los alcances de la intervención de los elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de la investigación penal; establece una estructura orgánica funcional, que atienda a la realidad de la Institución y las necesidades de la procuración de justicia a nivel federal; delimita los alcances y el ámbito de actuación de fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción.
También contempla que el Instituto Nacional de Ciencias Penales sea un órgano dentro del ámbito de la Fiscalía General; fortalece las facultades del titular de la FGR e incluye la obligación de comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso y remitir, anualmente un informe de actividades.
Define un nuevo esquema de Unidades Especializadas, que permita a éstas enfocar sus funciones de manera ágil y funcional, sin trabas burocráticas o barreras que responden a una realidad pasada y anacrónica.
La ley también faculta a la FGR a remitir al Congreso de la Unión su postura institucional sobre iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia.
Incluye un sistema de evaluación de resultados, que permita un mejor diagnóstico de las funciones que desarrolla la Fiscalía y pueda ajustar eficientemente aquellas que lo requieran.
El dictamen considera la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que determine las estrategias para la investigación y persecución del delito, bajo criterios objetivos y metas medibles a corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, contempla la participación de la Fiscalía, como entidad autónoma, en el Mecanismo de Apoyo Exterior, previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca Salazar, expuso que se aplicaron más de 400 modificaciones a la propuesta original, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila. Destacó la labor de los legisladores para construir un mejor dictamen y avanzar hacia una mejor sociedad.
La presidenta de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó la labor de las y los integrantes de ambas comisiones para retomar las voces y las opiniones que se vertieron en el Senado, con el objetivo de perfeccionar la propuesta de Ley.
De Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales celebró la apertura de las comisiones para modificar la propuesta y contar con un instrumento jurídico más sólido; sin embargo, reiteró que no está de acuerdo con que la FGR se desligue del Sistema Nacional de Búsqueda y otros mecanismos en materia de defensa a los derechos humanos.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, detalló que la persecución de delitos relacionados con la desaparición forzada de personas seguirá en manos de la Fiscalía y seguirán coadyuvando con las víctimas, familias y colectivos, por lo que pidió no politizar este tema.
