Dos análisis del InterAmerican Dialogue[1] y Wilson Center[2] critican al actual gobierno de México por “deshacer la liberalización competitiva” y por “no integrarse al mercado más competitivo del mundo” que es América del Norte, similar a lo que dice el IMCO.[3] La integración subordinada de México al bloque de América del Norte ha dejado tasas de crecimiento mediocres, no más de 2.4% a tasa anual, pérdida de empleos y precarización, pérdida de sectores económicos estratégicos y desde luego la pérdida constante y sonante de la soberanía nacional, en términos económicos, alimenticios, políticos y energéticos.
No es menor esta expresión viniendo de dos think tanks escuchados en el congreso y senado de Estados Unidos y con financiamiento privado de empresas petroleras. Preocupa a EEUU por lo menos dos aspectos: la pérdida de inversiones y pérdida de acceso confiable a la electricidad y por tanto, la inserción subordinada de México en la cadena de suministro de América del Norte.
Cómo se mencionó en el programa anterior, el T-MEC es y será el marco mediante el cual, las principales empresas privadas, tengan la oportunidad de ir a juicio internacional contra el gobierno mexicano, y falta que se apruebe la renegociación del Acuerdo Comercial Unión Europea-México, con lo que se agregaría otro tratado más mediante el cual, las empresas europeas podrían demandar.
En tanto, el proceso de judicialización de la reforma a la industria eléctrica sigue su curso. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, ha concedido nueve suspensiones definitivas adicionales a empresas que impugnaron la reforma eléctrica. Se favorece a empresas privadas que generar energía eólica en Oaxaca, Reynosa, y otros.
Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo para evitar que se conceda el beneficio de amparo contra la operación y funcionamiento de Pemex y CFE. La Secretaría de Energía presentó recursos de impugnación contra las resoluciones judiciales. El gobierno acató la suspensión de algunos artículos de la reforma eléctrica y el presidente presentó además un decálogo en el que se pretende frenar la privatización, respetar contratos ya firmados sin realizar nuevos, aumentar producción de gasolinas, no sacar más de 2 millones de barriles y no comprometer el futuro energético y climático de futuras generaciones, combate a la corrupción, entre otros.
Sin embargo, parece que la judicialización será parte de la guerra política en el país. La judicialización de la política o Lawfare va adquiriendo forma en México con tres aspectos: la manufacturación de consenso realizado por medios de comunicación contrarios al gobierno, la cantidad de reformas al sector judicial desde 2004, el caso Cienfuegos y la reforma al sector eléctrico. La batalla no es menor pues México se enfrenta al capital fósil que se apalanca con el capital financiero, sobre todo de fondos como el de BlackRock, inversionista de Iberdrola y otros, y al proyecto imperialista estadounidense de integración energética denominado Connecting the Americas 2022 que han seguido a pie juntillas Obama, Trump y está por verse si Biden también.
[1] https://www.thedialogue.org/analysis/private-roundtable-on-us-mexico-energy-cooperation/
[2] https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/The%20undoing%20of%20Mexico%E2%80%99s%20competitive%20liberalization.pdf
[3] https://imco.org.mx/industria-electrica-y-competitividad/
