La propuesta de reforma energética presentada en la Reforma a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Energía Eléctrica propuesta por el ejecutivo y aprobada por el legislativo hace unas semanas, son parte fundamental de la recuperación de la rectoría del Estado consagrada en la Constitución (arts. 27 y 28). La primera, entregada a la Cámara, se presenta en momentos en que la guerra judicial por la soberanía nacional sobre la generación y distribución de la electricidad lleva más de 100 amparos con el juez de los amparos al capital, Juan Pablo Gómez Fierro; y se amenaza con llevar al gobierno ante los tribunales especiales del Banco Mundial.
Como recordamos hace unas semanas este es el juez que amparó a Peña Nieto en el caso de la violencia en Atenco; el que protegió a la familia de Calderón y Margarita en la tragedia de la guardería ABC; el que protegió a Televisa, a Azteca, a Loret de Mola y García Luna por el montaje de Florence Cassez … y lo que no sabemos.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general por 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el proyecto que reforma la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de “lograr el máximo factor de producción de los hidrocarburos y petrolíferos, garantizar el suministro de los mismos, en beneficio de las y los mexicanos, para alcanzar la seguridad y soberanía energéticas y contribuir al desarrollo nacional”; asegurar el almacenamiento de petrolíferos, vigilar y revisar procedimientos de permisos y procesos para confirmar la seguridad energética nacional y dar certeza jurídica a las inversiones relacionadas. No podemos olvidar el huachicol, el robo de combustibles, al que se enfrentó el gobierno de AMLO desde sus primeros días y que contó con el apoyo de la población; ni tampoco la emergencia que se presentó en el norte del país por la crisis en Texas hace unas semanas.
Así mismo, faculta al Ejecutivo para suspender dichos permisos ante un peligro inminente para la seguridad nacional y reitera las competencias de la Comisión Reguladora de Energía y del Servicio de Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Estas dos reformas, la de hidrocarburos y la de la electricidad, así como la recuperación de Pemex y de la CFE, son ejes estratégicos para contener los graves destrozos que causó la llamada “madre de todas las reformas neoliberales”, la reforma energética de Peña Nieto, que se aprobó con el “chayote” de por medio, con la compra de votos.
