En una audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril de 2021 en el marco del 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido. Asimismo, reconoció su responsabilidad por la violación a su honra y dignidad, y por la falta de una investigación con perspectiva de género.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, refrendó el compromiso ineludible del Estado a favor de la defensa de los derechos humanos. Muestra de ello es que, por primera vez, el Estado ha aceptado todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe de Fondo.
La aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos, el cual contendrá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal.
La Secretaría de Gobernación reconoce la apertura y disposición de las personas víctimas y de su representación para generar un diálogo transparente a fin de avanzar con las medidas de reparación integral. Asimismo, reconoce el trabajo de coordinación generado entre la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza los trabajos ante la Corte Interamericana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de concretar y reflejar contundentemente la política de derechos humanos del Estado mexicano.
