La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó hoy a reforzar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental para construir un mundo más resiliente y sostenible que empodere a las personas y proteja el planeta, durante una reunión paralela al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2021.
El evento Empoderando a las personas para proteger al planeta en tiempos de COVID-19: la contribución del ODS16 y de los derechos de acceso en asuntos ambientales a una recuperación sostenible y resiliente, fue organizado por los gobiernos de Costa Rica, Francia, México, Santa Lucía y Uruguay, junto a la CEPAL, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Comisión Económica para Europa y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La reunión fue inaugurada por Rodolfo Solano, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; Carlos Amorín, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas y Alicia Bárcena. Participaron destacados expertos de América Latina y el Caribe, Europa, África y Asia.
Durante su intervención, el Canciller Rodolfo Solano destacó que entre más sano y protegido esté el entorno natural, podremos ejercer de mejor manera nuestros derechos.
“El derecho a un medio ambiente sano está en el centro del ejercicio justo, pacífico e inclusivo de todos los demás derechos humanos. Y una forma de contribuir para procurar un medio ambiente sano, es garantizando el ejercicio de los derechos humanos de acceso en materia ambiental”, expresó el Ministro.
El Embajador Carlos Amorín, en tanto, subrayó que, en el actual contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, emerge como un poderoso instrumento para lograr cambios transformadores para las personas y el planeta, en particular, los derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, por su parte, llamó a repensar pactos sociales en torno a estilos de desarrollo transformadores.
Añadió que la pandemia del COVID-19 ha causado estragos sin precedentes, ha condicionado nuestras posibilidades de desarrollo y ha transparentado los problemas estructurales y las vulnerabilidades preexistentes en nuestra región. Además, magnifica asimetrías, por ejemplo, en el acceso a las vacunas.
“En CEPAL pensamos que es imprescindible conectar la emergencia con una recuperación transformadora. Debemos reforzar el Estado de Derecho, fortalecer una democracia más participativa, salvaguardar los derechos y mantener la paz, previniendo los conflictos sociales al mismo tiempo que se va transformando nuestra estructura productiva en línea con la Agenda 2030. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos”, enfatizó.
Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero que cautela los derechos de los ambientalistas, de aquellos que luchan por la vida, de aquellos que dan la vida por la vida.
“Se trata de un acuerdo sin precedentes que cautela las generaciones presentes y las futuras. Con 24 países signatarios, 12 Estados Parte y después de un proceso de ratificaciones más rápido de lo esperado, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021. Ello demuestra el firme compromiso de la región con el Acuerdo y la voluntad de los países latinoamericanos y caribeños de implementar sus disposiciones”, subrayó Alicia Bárcena.
Agregó que el Acuerdo se suma al Convenio de Aarhus, que constituye un constante punto de referencia para América Latina y el Caribe, y que este año celebra veinte años desde su entrada en vigor.
En el diálogo posterior intervinieron el Ministro de Vivienda, Renovación Urbana, Medio Ambiente y Cambio Climático de Jamaica, Pearnel Charles Jr., así como delegados de Burkina Faso, Finlandia, Francia, Indonesia, Reino Unido, Tailandia, Santa Lucía y Suiza y representantes del movimiento Millennials y del Instituto de los Recursos Mundiales.
El Ministro Charles Jr. enfatizó que la cooperación a todos los niveles es esencial. “Diseñar soluciones participativas e inclusivas para reconstruir mejor es más relevante que nunca para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe como Jamaica. Necesitamos liderazgo, solidaridad y una acción colectiva audaz para hacer de los derechos de acceso en asuntos ambientales la piedra angular de nuestros esfuerzos de recuperación”, afirmó.
En tanto, la delegada de Santa Lucía, Kate Wilson, se enfocó en los beneficios que el Acuerdo de Escazú tiene en su país, considerándolo un eje central en su marco normativo y de políticas.
A su vez, los representantes de Finlandia, Francia, Suiza y Reino Unido compartieron sus experiencias como Estados Parte del Convenio de Aarhus y expresaron su decidido apoyo al Acuerdo de Escazú.
Lena Hehemann, representante de Suiza, sostuvo que “la adopción de instrumentos similares al Convenio de Aarhus permite un rico intercambio de conocimientos y experiencias a la vez que reconoce características culturales que pueden requerir enfoques diferenciados en la implementación nacional”.
Sofie Sandström, de Finlandia, manifestó que tratados como el Convenio de Aarhus son la columna vertebral de la dimensión ambiental del ODS16, ofreciendo marcos legales claros y plataformas de diálogo. “Acogemos con gran satisfacción el Acuerdo de Escazú y estamos deseosos de cooperar e intercambiar experiencias”, recalcó.
Por su parte, Alex Winstone, de Reino Unido, señaló que su país “respalda los objetivos e intenciones del Acuerdo de Escazú para fortalecer la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe”, mientras que Thomas Legoupil, de Francia, alentó a que todos los países de la región lo ratificaran o adhirieran en un futuro cercado dado su carácter instrumental.
Asimismo, los representes de Burkina Faso, Indonesia y Tailandia mencionaron distintos desarrollos nacionales y regionales en la materia, mientras que la representante del Movimiento Millennials llamó a considerar la voz de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Janet Ranganathan, del Instituto de los Recursos Mundiales, cerró el evento preguntándose cómo el Acuerdo de Escazú contribuía a la recuperación del COVID-19. “Debe haber financiamiento para que estos acuerdos no queden solo en el papel. Debemos invertir en generar capacidades en los países y en el público para implementar los tratados de derechos de acceso. Recursos financieros estables y experiencia técnica son centrales para operativizarlos. No esperemos más para tomarnos en serio estos derechos. Juntos podemos elevar los estándares para una buena gobernanza”.
