El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó al Pleno del Senado de la República que este martes “se empezaron a entregar los apoyos” a las y los damnificados, por las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo.
May Rodríguez compareció ante la Cámara Alta para dar cuenta de la Política Social del Ejecutivo Federal, con motivo de la Glosa del III Informe de Gobierno. Previo a su intervención inicial, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, le tomó la protesta de decir verdad en la información que expuso ante la Asamblea.
El funcionario federal dijo que también está por iniciar la entrega de recursos a las demás entidades que fueron afectadas por fenómenos climáticos en nuestro país, y que se levanta un censo para identificar afectaciones por las inundaciones en el municipio de Ecatepec, Estado de México, así como los daños ocasionados por el huracán Nora, en Puerto Vallarta, Jalisco.
En todos los casos, asentó, hay plena coordinación con los tres niveles de Gobierno. Además, informó a senadoras y senadores que, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, se entregaron apoyos económicos o en especie a 258 mil 684 personas de dos entidades federativas.
Este apoyo incluye a las personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, registradas a finales de 2020, ayuda que ascendió a más de dos mil millones de pesos; así como a migrantes en la frontera sur y norte.
May Rodríguez señaló que la corrupción provocaba la tardanza que había con la aplicación del FONDEN, “pero ahora los apoyos se entregan de manera directa, sin corrupción y de inmediato y no se permite que nadie lucre con las desgracias de la gente”.
Ante el Pleno del Senado, el secretario de Bienestar afirmó que “los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del Gobierno, sino un derecho constitucional que estamos cumpliendo”.
Dio a conocer que se estableció un blindaje a dichos programas, porque por mucho tiempo los fueron utilizados de manera clientelar y con propósitos electorales. “Condicionaban la ayuda a la gente a cambio de votos”.
Además, aclaró que el presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría de Bienestar pasó de 44 mil millones de pesos en 2018, cuando todavía era SEDESOL, a 178 mil millones de pesos este año 2021.
Y, para el 2022, se tienen proyectados recursos por 289 mil millones de pesos. De aprobarse este monto, dijo, los recursos destinados a ayudar a las y los más pobres y desprotegidos, habrán crecido “556 por ciento, en comparación con 2018”.
Entre otros datos, dio a conocer a los legisladores que, a junio de 2021, la pensión para el Bienestar para personas adultas mayores se entrega a 8.3 millones de beneficiarios, de los cuales el 10 por ciento es población indígena o afromexicana.
Las pensiones para personas con discapacidad permanente se entregan a 934 mil 895 derechohabientes. El programa “Sembrando Vida” genera más de 418 mil empleos en 28 territorios de 20 estados del país.
Y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijas de madres trabajadoras, ha atendido a 184 mil 920 derechohabientes, en beneficio de 193 mil 329 niñas y niños, con un presupuesto de mil 584 millones de pesos.
Si no hubiesen existido estos programas -acotó el funcionario- no hubiésemos resistido a la pandemia.
“Por fortuna, las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, siempre contaron con la entrega de los apoyos sociales, incluso de manera anticipada, así tuvieron recursos para su alimentación y para mantenerse en sus casas”, expresó.
Además, informó que, en las elecciones recientes, tanto a fines del 2020 como en el 2021, “no tuvimos ninguna intervención, ninguna denuncia con injerencias de la Secretaría de Bienestar en los procesos electorales”.
