La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas, han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación.
Lo anterior, derivado de la resolución del 7 de septiembre de 2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República; en la que resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
