Han pasado ya ocho años desde la reforma energética de 2013-2014 en la que como recuerda Josefina Morales, se estableció un régimen lleno de vicios, corruptelas y un sistema eléctrico paralelo, que, contrario a los spots de aquél entonces, los más beneficiados no somos los más de 35 millones de hogares que censó INEGI en 2020, si no las denominadas “sociedades de autoabastecimiento”, los privados y desde luego, los dueños de los dineros, que se ocultan detrás de la banca privada nacional e internacional, Organizaciones Civiles, y medios de comunicación.
El caso de Texas en febrero de este año y recientemente el de España, ponen de manifiesto la necesidad de que se regule a los privados, pues, por el afán de perseguir la ganancia, suben desproporcionadamente los precios de la tarifa eléctrica. Es bajo este contexto, y tras la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, que se propusieron cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Algunos juristas, como Jaime Cárdenas, mencionan que estos artículos y sobre todo el 28, establecen el fundamento del modelo económico del país, pero también el tipo de Estado. Por ello, uno de los aspectos detrás de esta reforma es qué modelo de Estado queremos. De aprobarse la reforma, se modificaría la correlación de fuerzas que, tras la reforma de 2008 y 2013, benefició a unos cuantos. Por lo tanto, el acto de la iniciativa misma es un acto político que podría devolver la renta nacional al Estado y recuperar la soberanía energética, deteriorada desde 2009 -un año después de la reforma de 2008 de Calderón- según un estudio de Víctor Rodríguez Padilla.
La reforma propone un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE, que se convierte en organismo del Estado, (actualmente es Empresa Productiva del Estado) responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. También regresa la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, el cual, le fue arrebatado con la contrarreforma de 2013, junto con el CENACE, el cual se reincorporará a la CFE.
CFE generará el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente y contrario a lo que dicen propagandistas del libre mercado (que ni tan libre), CFE tiene la capacidad para hacerlo y con ello, garantizar el abasto eléctrico nacional.
Los mismos personeros que pretenden proteger sus intereses, mencionan que la propuesta de reforma, ahora en el Congreso, va en contra de fuentes renovables. La reforma plantea la Transición Energética, utilizando todas las fuentes de energía de las que dispone el país, sobre todo la hidroeléctrica. No sólo eso, pretende también contar con los políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. ¿Si la reforma de 2013 propuso utilizar energías renovables por qué se aumentó la importación de gas para generar electricidad desde ese año?
Propone cambios en el artículo 28 en el que se establece que el litio será un mineral estratégico y por tanto exclusivo del Estado, o sea del pueblo mexicano, cuidando que las concesiones ya otorgadas y que cumplan con lo establecido en la ley, tengan certeza jurídica. El litio, considerado tierra rara, está concentrado desigualmente en el mundo, pero América Latina, México incluido, controla el 67% de las reservas mundiales. Sin embargo, el gran problema es la falta de tecnología para industrializarlo.
La reforma apenas arranca, le hace falta más contenido y trayectoria que requerirá de consensos en el congreso y senado, y la presión en las calles, de ser necesario. Desde las izquierdas, hace falta abrir el debate al público, en medios de todo tipo. La batalla de las ideas será fundamental para evitar la manufacturación de un supuesto consenso contrario que pretenden grupos opositores, nacionales y extranjeros, infundiendo miedo, pues de fondo está garantizar a las futuras generaciones un país con soberanía energética, la redistribución de la renta nacional favorable para las familias mexicanas y no para los “neopolkos” como denominó Manuel Buendía a aquellos que vendieron la patria desde 1982 hasta 2018.
