Autoridades judiciales de los Estados Unidos, autorizaron la extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, acusado del desvío de recursos del erario público por al menos 1230 millones de pesos y quien se encuentra detenido desde julio de 2020 en ese país.
En los alegatos, la jueza de la Corte Federal del Distrito de Florida sostuvo que es procedente la solicitud de extradición de parte del gobierno mexicano, pues existe la causa probable de que el acusado cometió los delitos que se le imputan.
En ese sentido, de acuerdo con la acusación contra Duarte Jáquez, se precisa que desde 2011, siendo gobernador, orquestó una serie de desvíos de fondos públicos que habían sido aprobados para fines agrícolas a empresas con las que tenía vínculos y a una empresa propiedad de su esposa.
“Existen causas probables para creer que el demandado cometió los delitos de conspiración y malversación de fondos gubernamentales que se le imputan en México” expuso la Magistrada Lauren Louis al autorizar la extradición.
La resolución, que ya fue notificada al Gobierno de México, no es de efectos inmediatos, debido a que tendrá que esperar 60 días de término legal de una posible apelación por parte del acusado y 30 días más para que la Corte de Distrito pueda resolver el recurso de revisión.
De igual manera, el documento detalla que existe “evidencia innegable” que el exmandatario abandonó México en 2016 con la “intención de eludir la justicia de su país”.
El exgobernador que fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami Florida, luego ser prófugo y tener una ficha de búsqueda de Interpol desde marzo de 2017, enfrenta 20 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua y una más por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Es importante destacar que además, el exfuncionario, es uno de los implicados en la llamada “Operación Safiro”, un presunto esquema de desvío de recursos públicos de los estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Morelos, a través de 12 empresas fantasma “blindadas por el SAT” y que tenían como objetivo el financiamiento ilegal de campañas electorales priístas.
