La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de forma parcial la aplicación del acuerdo presidencial que clasificaba como de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras prioritarias estratégicas del Gobierno Federal.
La suspensión del máximo tribunal constitucional del país sólo evita que la información pública de dichos proyectos se clasifique como información reservada por razones de seguridad nacional.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, detalló el acuerdo de la Suprema Corte.
La resolución implica que para mantener en reserva alguna información sobre los proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles o el Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec las autoridades federales deberán argumentar de manera legal las razones de seguridad nacional que sustenten la decisión de negar los datos solicitados.
De igual forma en el mismo acuerdo se niega la suspensión en lo referido a sí considerar de seguridad nacional dichas obras y proyectos para efecto de que las dependencias de la administración federal autoricen los permisos, licencias y dictámenes necesarios para su realización.
“Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada Apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México”, señaló la SCJN.
La suspensión tendrá el carácter de medida cautelar y mantendrá vigencia en tanto la Suprema Corte determina si el acuerdo presidencial es o no constitucional.
Es importante destacar que las suspensiones fueron concedidas después de admitir la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública quien rechazó el acuerdo presidencial emitido el pasado 22 de noviembre.
