Antes de reflexionar sobre la reforma a la ley sobre la industria eléctrica en nuestro país, su carácter público estratégico, quiero poner sobre la mesa lo que representaba la actividad pública en 1981, antes de la crisis de la deuda y el inicio del neoliberalismo.
En 1981, cerca de las dos terceras partes de los activos nacionales, de la riqueza creada por los trabajadores durante casi un siglo, eran públicas: los energéticos, los ferrocarriles, las carreteras, la infraestructura urbana, los distritos de riego, los ingenios, la mitad de la siderurgia, la tercera parte de la gran minería, los servicios mayoritarios de salud y educación, participación mayoritaria en teléfonos de México y en las empresas de aviación que habían sido nacionalizadas en 1970, etcétera.
El 3 de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha considerado la reforma de Peña Nieto una traición a la patria. Y recuerda el discurso de Adolfo López Mateos cuando advirtió de la reversión de la nacionalización de la industria eléctrica.
Tengamos presente un breve recuento histórico previo sobre el sector eléctrico en el que solo mencionamos algunas medidas de las décadas neoliberales: en 1992 Salinas aceptó en la negociación del TLCAN que el autoabastecimiento, generación independiente y otros no eran servicio público, por lo que podría participar el capital extranjero, entiéndase Iberdrola. Zedillo en 1999 volvió a cambiar la Constitución y aunque no logró el cambio abrió el paso con los contratos de servicios múltiples al sector privado. El cambio neoliberal finalmente se consolidó con Peña Nieto en alianza con PAN y PRD en el traidor Pacto por México.
La propuesta de AMLO se propone restablecer un sistema eléctrico integrado y comprometido con el pueblo que asegure abasto a bajos precios.
En la propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, presentada anteriormente, se parte del reconocimiento de que la reforma constitucional de 2013 fue una reforma regresiva, despojo, asalto en descampado, desaparición de las empresas energéticas del Estado y beneficios ilimitados al sector privado. El desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral y con ello se debilitaba la seguridad energética y la seguridad nacional.
En la propuesta se resume y exhibe la contrarreforma de Peña Nieto, ahí se desmenuza la contrarreforma del pacto por México. Las redes de trasmisión y distribución permanecían bajo la responsabilidad del director de la CFE, pero convertidas cada una en empresas autónomas, sometidas a disposiciones de la Comisión Reguladora de energía (CENAR) para definir tarifas y del Centro Nacional de Control de Energía (CENAC) para decidir quien se interconecta y en dónde. Se imponían así los intereses privados.
La CFE se fragmentaba, y con ello, se debilitaba a la empresa, en seis empresas subsidiarias autónomas. Se fragmentó asimismo el mecanismo de distribución en dos empresas. Se creó la Filial CFE Calificados, para competir en el suministro a los grandes consumidores que terminaba siendo un intermediario que compra a los privados para vender a los grandes consumidores.
CFE con su presupuesto daba el presupuesto a las subsidiarias y respondía por su ejercicio, pero no lo administraba. Se le impuso un esquema, “Contrato Legado”, en donde CFE Generación se compromete a dar energía a largo plazo a CFE Suministro básico a precios bajos, aunque no se recupere el costo de producción. Además, a la electricidad de CFE no se le incluían los costos fijos, la inversión realizada.
Como la central de la CFE no es despachada se le obligaba a comprar la energía de los generadores privados, lo cual provocaba, entre otras cosas las periódicas inundaciones en Tabasco; y no se permitía el despacho del 45% de la generación de la CFE. Las pérdidas resultaban millonarias: 215 mil millones por energía no despachada y otros 230 mil por energía comprada a los privados. Con un mercado que establecía que el despacho diario en contratos de corto plazo era de entre el 2 y 5 por ciento, en otros países es del 25 por ciento. Se les pagaba a los privados el precio más alto ofrecido en el mercado, cuando ellos tenían los menores costos.
La subsidiaria CFE Suministro Básico que atiende a millones de usuarios está impedida legalmente para adquirir ¡¡¡ energía de la misma CFE…!!!
A través de las Subastas de largo plazo se obliga a CFE a comprarles a las privadas durante 20 años a un precio fijo y despacho asegurado… ¡Nada de libre mercado!
Se obliga a CFE a comprar energía a productores independientes por 25 años y al final del contrato, de esos 25 años, los privados se quedan con la propiedad de la Central Eléctrica, como las cárceles. Se han construido con este modelito 34 centrales que generan cerca de la tercera parte de la energía. Y tiene que comprarles el 100 por ciento, aunque no siempre se les despacha esa totalidad.
Las sociedades de autoabastecimiento, así denominadas otra transa más, otro esquema ilegal, simulador de socios que en realidad son clientes.
Tarifa de porteo que no cubre el costo del mismo, dando prioridad a las más lejanas. Hay 239 centrales de autoabastecimiento en donde están 77 767 grandes consumidores, que disfrazan monopolios privados.
Otro negocio son los certificados de energías limpias, pero sólo para los privados a pesar de que la CFE genera 55% de la energía limpia. Las renovables son intermitentes.
La contrarreforma rompió toda capacidad de planeación. Los permisos otorgados duplican la demanda estimada para 2024, o sea, la estimada para diez años después de la aprobación de esa contrarreforma. Incluso solicitudes de generación pendientes de aprobación triplicarían la demanda estimada.
Se ha creado así una situación irracional, insostenible que provoca serios riesgos para el sistema eléctrico nacional.
Además, por si fuera poco, y como ha sido tradicional en el viejo régimen político, estos proyectos privados se benefician, exigen, financiamiento público de la banca de desarrollo, a tasas preferenciales y además recursos de las Afores.
Resultado: CFE que tiene capacidad de generar el 54% de la demanda nacional solo puede despachar el 38% y en unos años más, sólo podría despechar el 29%. Los privados generan el 62%: los independientes generan el 31%, las sociedades de autoabastecimiento el 12%, las centrales eléctricas construidas después de la reforma el 15%. Los privados se han apoderado de los grandes consumidores.
Esta contrarreforma es insostenible y depende de transferencias crecientes del sector público al sector privado que solamente podrían mantenerse con elevados aumentos de tarifas eléctricas: Véase España hoy.
Frente a todo este galimatías corrupto, AMLO propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción del sistema eléctrico nacional, su planeación y control. Asegurar la seguridad energética para el país.
A la electricidad, se le reconoce como un área estratégica en la seguridad nacional con un proceso integral que va de la generación a la conducción, el transporte, la distribución y el abastecimiento. Un solo organismo público.
La CFE generará por los menos 54% del consumo nacional de energía eléctrica.
Y, también se asume el compromiso público hacia la transición energética
El litio se considera un material estratégico y no se otorgarán concesiones, se impulsará el desarrollo de las industrias requeridas para la transición.
Finalmente, repito que entra la guerra judicial en acción que se ha presentado en otros proyectos fundamentales de este gobierno, amparo tras amparo, y señalo que, como tantos entes supuestamente autónomos creados por el neoliberalismo, deben desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
