En el T-MEC, México se reservó el derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna en materia de energía y por tal razón este sector estratégico quedó fuera del tratado trilateral, es decir, la Reforma Energética del presidente López Obrador no está constreñida o limitada por las reglas del acuerdo comercial, explicó el Abogado General de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez, durante el Foro 15 del Parlamento Abierto de discusión de la Reforma Eléctrica, Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC vs. Reforma Eléctrica.
El funcionario señaló que esa es la única lectura posible que se deduce del texto inserto en el capítulo 8 del T-MEC, aplicando el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual indica que los tratados deben interpretarse de buena fe, atendiendo al texto y al contexto. En este sentido, dijo, operó la figura jurídica llamada reserva y por ello el Estado Mexicano sacó el tema energético del tratado.
En apoyo de esa conclusión categórica, citó la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cual dijo que “el Estado mexicano mantiene la soberanía sobre el sector energético” y cuando se aprobó el T-MEC se estableció que el tema energético no quedó incluido en el acuerdo.
En su participación, Almudena Otero de la Vega, abogada de Litigios Estratégicos en la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la CFE, clarificó que hay tres estándares o principios relevantes: “nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato.”
La iniciativa de reforma no viola ninguno de estos tres principios y aunque los opositores a la iniciativa de ley insistan en señalar lo contrario, sus argumentos no tienen cabida.
En el T-MEC se explica claramente que las acciones regulatorias no discriminatorias no constituyen expropiaciones indirectas, y se explicó que de acuerdo con el capítulo 14.5 del mismo tratado, la iniciativa de reforma no tiene tales efectos ni favorece inversiones de un país en particular.
En la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, la generación de energía eléctrica por parte del sector privado continuará garantizada en un 46%, permitiendo la libre competencia entre todos los participantes, sin distinción.
Otero de la Vega dijo que “la reforma establece los principios esenciales en los cuales se van a basar las leyes secundarias, entre los cuales tenemos la seguridad energética, la seguridad nacional, el abastecimiento continuo de la energía eléctrica, el manejo directo por parte de la CFE del Sistema Eléctrico Nacional y la reivindicación del área estratégica de la electricidad como una unidad inseparable”.
Raúl Jiménez Vázquez destacó que la reforma energética del 2013 es “un proyecto fallido e insostenible”, por lo que existe “la necesidad de recuperar el principio básico de la seguridad energética del país para dar garantía de abastecimiento a toda la población en condiciones confiables, seguras, de calidad y a los precios más bajos posibles” y que con esto se busca que se ejerza el derecho a la vida digna.
Finalmente, el abogado general de la CFE concluyó que “no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda la realización de un servicio público a cargo del Estado en virtud de su relación directa con la subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar.”
