El proyecto Sur de México Generando Empleo y Sustentabilidad (Surges) contempla una inversión de 30 millones de dólares de parte de la Administración de Joe Biden para fomentar el desarrollo del sureste del país latinoamericano.
El anuncio de Estados Unidos se produce en medio de tensiones bilaterales por la posible ausencia de México de la Cumbre de las Américas, un encuentro al que no asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que Cuba, Venezuela o Nicaragua no sean invitados.
Este nuevo programa estadounidense tiene como objetivo promover el desarrollo de mercados que sean amigables con el medio ambiente, ayudando a tener un impacto positivo en las comunidades, según dijo Mileydi Guilarte, asistente ejecutiva de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“El presidente Biden está comprometido con el éxito económico de América del Norte, incluyendo el sureste de México. El éxito de México es el éxito de Norteamérica”, añadió el embajador estadounidense, Ken Salazar, durante una reunión entre altos funcionarios de ese país con gobernadores de siete estados mexicanos.
El proyecto propuesto por Washington prevé detonar inversiones privadas en el sureste mexicano por más de 250 millones de dólares a partir del verano de 2022, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México.
La inversión del Gobierno estadounidense se dará en una zona muy visitada por turistas estadounidenses, que generalmente vacacionan en ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Holbox, Tulum o Mérida, que desde hace un par de años viven una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida, también, de ciudadanos extranjeros.
Además, el sureste mexicano es el sitio donde la Administración de López Obrador construye su proyecto estrella de infraestructura: el Tren Maya, al cual se oponen amplios sectores de la sociedad por supuestamente atentar contra el medio ambiente.
Estados Unidos propone este esquema de inversión mientras existe una batalla legal entre el Gobierno mexicano y la compañía estadounidense Vulcan Material, que desde 1987 extrae roca caliza de la península de Yucatán. El 17 de mayo, esta empresa demandó al Gobierno de López Obrador ante instancias internacionales por el supuesto incumplimiento de una concesión. Piden una indemnización de 1.529 millones de dólares.
