El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes esperar a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) explique el estado de las investigaciones sobre el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para definir si su ex director, Ignacio Ovalle, tiene responsabilidad en el caso.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre el papel de Ovalle en las irregularidades, a lo que respondió: “Sí, pero eso hay que esperar a que nos explique el secretario si existe de parte de él responsabilidad”, y aseguró que la semana que viene el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, explicará el caso en la conferencia.
Respecto a los señalamientos de utilización de recursos públicos para “invertir” en el mercado de valores, López Obrador señaló que el dinero “invertido” ha sido recuperado y que en su momento pidió al titular de la Secretaría de Hacienda que interviniera.
“Cuando se me informó, le pidió al secretario de Hacienda, creo que estaba Arturo Herrera, que investigaran a fondo y que se viera su responsabilidad, que interviniera la Comisión Bancaria y de Valores. Pero eso no fue todo, hay otro tipo de irregularidades, para decirlo amablemente”.
El titular del Ejecutivo Federal señaló que si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que las irregularidades en 2020 suman más de 8 mil 600 millones de pesos, pidió esperar a que la SFP aclare el monto final de las anomalías.
“Vamos a esperar (a saber) de cuánto es. No nos adelantemos. La ASF también dijo que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado 200 mil millones y se demostró que había costado la mitad. Vamos esperando que nos informen bien”.
Es importante mencionar que la ASF y la SFP han detectado irregularidades que rondan los 12 mil millones de pesos en los dos primeros años de operación de Segalmex, misma que fue fundada en 2019 y por las que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos 22 carpetas de investigación, incluyen la entrega de múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de recursos públicos para “invertir” en el mercado de valores.
