Siguiendo los pasos de otros organismos electorales estatales, ahora resulta que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEBC), está siendo presionado para favorecer a ciertas empresas en la licitación de materiales electorales.
Urgente y necesario es que los integrantes de este cuerpo colegiado, revisen con lupa el proceso licitatorio que está por sacar en materia de impresión de boletas y material electoral.
Resulta que la presión es tan grande que, violando la ley de adquisiciones, Luís Alberto Hernández Morales, consejero presidente del IEBC, ha accedido a publicar las bases de licitación para favorecer a la familia Carranza Fernández.
Esto será posible a través de una empresa de esa misma familia, denominada Comercializadora JVLY S.A. de C.V., que apenas hace unos meses incluyó en su acta constitutiva, la producción de material electoral, toda vez, que las compañías de los Carranza Fernández, dedicadas a dicha actividad han sido calificadas como incumplidas por la propia autoridad electoral.
Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del Estado de México y en el estudio de Mercado de Proveedores del INE de junio del 2022, donde la empresa Formas Finas S.A. de C.V., a través de su socio Gráficas Corona JE, S.A. de C.V., quien les presta sus instalaciones en la colonia Granjas San Antonio en Iztapalapa, para que puedan mostrar sus “capacidades técnicas”, con una planta que no les pertenece.
Fueron ellos quienes incumplieron en Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas y Formas Finas en el Estado de México, por lo que se ven imposibilitadas para participar.
Los señores Carranza han asegurado a sus socios, los exgobernadores, Jaime Bonilla, y Amador Rodríguez, que ellos controlarán la producción de los materiales electorales, sacando así de la jugada a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien recomendó que las empresas que participen deben de demostrar con contratos satisfactorios ante órganos electorales, la experiencia y capacidad para producir dichos materiales.
En ese contexto, llama la atención que la principal actividad de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., sea proveer material eléctrico, es decir son una ferretería, que apenas hace dos semanas, incluyó en su página web los servicios de fabricación de material electoral. La verdad, que ya ni la burla perdonan. ¿Habrá alguien de autoridad que impida tan burda y corrupta maniobra?
