Óscar Daniel Rodríguez Fuentes
Consejero Electoral e integrante de RENACEDI
El Sistema Nacional Electoral está conformado por aquellas instituciones que a nivel federal y local tienen como función la organización, gestión y arbitraje de las elecciones en México. Nos referimos por supuesto al Instituto Nacional Electoral y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Estos tienen la enorme tarea de llevar a buen puerto la elección de más de 20 mil cargos a lo largo y ancho de la República Mexicana.
El Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 reviste una serie de características importantes que lo diferencian de los anteriores y que es necesario destacar. En primer lugar, el INE es dirigido por una mujer, Guadalupe Taddei Zavala, quien proviene además de un OPLE, el de Sonora, del cual fue presidenta y en el que tuvo como experiencia la organización de dos procesos de gubernaturas en aquel estado, ninguno de ellos judicializado.
Una segunda característica es la nueva conformación de los OPLES, pues en este proceso electoral la totalidad de los Consejos de los Institutos Electorales Locales cuentan con integraciones nuevas de segunda generación, por lo que las consejeras y consejeros de los OPLES tendrán oportunidad de poner en práctica su conocimiento y experiencia al servicio de la ciudadanía organizando elecciones y aportando cada una de ellas y ellos, esos matices propios de la pluralidad que caracteriza al país, pues desde Tijuana hasta Chetumal, cada elección tiene algo distinto que la hace única, y de ahí la importancia de que quienes arbitran estos procesos puedan aportar su granito de arena desde la visión que les da lo local.
Otro elemento destacado en este proceso electoral es la incursión con más fuerza de los grupos históricamente vulnerados, quienes han ocupado los espacios públicos para exigir un mayor reconocimiento en los órganos de representación, bajo la idea de que un proyecto de democracia incluyente es aquel en donde todas las personas y, particularmente, los grupos en situación de vulnerabilidad ven respetadas su dignidad y sus derechos humanos bajo el principio de protección más amplia.
Tomando en cuenta estas tres características podemos fácilmente visualizar lo mucho que han cambiado las elecciones en México. Las mujeres dirigen, los órganos electorales tienen garantías para ejercer con autonomía sus funciones y se cuestiona abiertamente la idea de una política monopolizada por hombres blancos, ricos y privilegiados.
No obstante estos cambios, todavía quedan retos pendientes para quienes integramos la familia electoral, pues nuestra tarea no se limita únicamente a buscar condiciones para lograr una conformación más diversa de los órganos de representación, sino que lo realmente importante es que a partir de esa diversidad se pueda garantizar un sistema democrático incluyente, que además cuente con procesos e instituciones electorales que sean autónomas de cualquier tipo de injerencia externa o interna que pretendan desviarlas de su fin último: hacer efectivos los derechos político-electorales de la ciudadanía, siempre procurando su mayor y mejor protección posible.
La Constitución Federal, además de fijar como horizonte democrático un sistema de vida que incentive el bienestar económico, social y cultural de la población, también reconoce el valor de contar con autoridades electorales profesionales y objetivas, que sean imparciales y autónomas, cuyo actuar se apegue a un marco constitucional, convencional y legal, mismas que sean lo suficientemente sólidas para soportar el escrutinio más estricto de una elección.
En ese sentido el INE y los OPLES están preparados para cumplir con sus funciones de manera institucional en las vertientes que hemos venido describiendo, construyendo una democracia incluyente desde lo local, con órganos electorales suficientemente autónomos y estables para cumplir con un estándar deseable de participación y representación ciudadana, e impulsando la presencia y visibilidad de personas y grupos cuya existencia pública legítima ha sido histórica y estructuralmente limitada, excluida o negada.
El reto es grande, pero la democracia mexicana no merece menos. La institucionalidad y la inclusión son dos caras de una misma moneda que como funcionarios electorales nos corresponde promover, proteger, respetar y garantizar. ¡Estamos listos!
