A medida que se acerca el inicio de las campañas para la elección de jueces y magistrados, uno de los mayores desafíos será evitar que los partidos políticos caigan en la tentación de operar electoralmente a favor de candidatos específicos, pese a que la ley prohíbe su participación directa en el proceso.
Desde hace décadas, la “operación de tierra” ha sido una práctica recurrente en las elecciones mexicanas. No es un secreto ni un descubrimiento reciente. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estas estrategias se han perfeccionado: el “ratón loco”, la “operación tamal”, el “mapachismo”, entre otras, fueron habituales en los comicios del viejo priismo.
Hoy, los acarreos multitudinarios y la compra de votos siguen vigentes, aunque los partidos prefieran no admitirlo. El trabajo territorial inicia mucho antes de la jornada electoral: brigadas de promotores recorren casa por casa, persuadiendo o condicionando el voto.
La elección judicial de 2025 supuestamente no involucra a los partidos políticos, razón por la cual el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que habilitar una suerte de Consejo General (bis) para evitar la presencia de sus representantes en la toma de decisiones.
Esta medida, tomada a finales de septiembre, generó una fuerte reacción en los partidos políticos, que la consideraron un atentado contra la “herradura de la democracia” y la pluralidad partidista.
Sin embargo, tras meses de impugnaciones y desafíos, la maquinaria electoral quedó lista para operar. Cabe destacar que el INE ha realizado un esfuerzo colosal, trabajando incluso durante las festividades decembrinas.
El 25 de diciembre, en una sesión del Consejo General (bis), el consejero Uuc-kib Espadas Ancona enfatizó:
“Mientras todo el país celebraba las fiestas de fin de año, el INE trabajaba de manera seria y comprometida para sacar adelante un mandato constitucional: la elección del Poder Judicial.”
A pesar de la prohibición explícita de la ley, al interior de los partidos políticos se ha desatado un intenso debate. Algunos dirigentes argumentan que deben operar la elección de manera discreta, mientras que otros advierten sobre los riesgos de incurrir en ilegalidades que podrían derivar en sanciones para los candidatos que promuevan.
En este contexto, Morena ha encontrado una vía para “promover” la elección sin que, aparentemente, viole la ley.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los legisladores de Morena, encabeza la organización “Construyendo Justicia”, cuyo propósito es difundir información sobre la elección judicial y movilizar al menos al 20 por ciento (20 millones de votos) de la lista nominal para que vote el 1º de junio.
La organización, constituida el 28 de febrero pasado, ha diseñado una estrategia de difusión que incluye pintas de bardas, pauta en redes sociales, llamadas telefónicas, visitas a universidades y la transmisión de información a sindicatos y cámaras empresariales.
Aquí surge la pregunta clave: ¿Realmente “Construyendo Justicia” solo busca informar sobre la elección, o está promoviendo ciertas candidaturas?
Ramírez Cuéllar insiste en que su iniciativa no tiene financiamiento partidista y que está actuando como ciudadano interesado en que la elección sea un éxito. Sin embargo, los límites entre información y promoción son difusos.
Para impulsar su estrategia, Morena echará mano de su estructura territorial, el “ejército claudista”, que anteriormente operó en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y en la promoción de Luisa María Alcalde como presidenta del partido.
Además, Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una añeja organización que históricamente estuvo vinculado al PRI.
A estos esfuerzos se sumarán las cámaras industriales y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, Francisco Cervantes, sostuvo una reunión con Ramírez Cuéllar para acordar su participación en la estrategia.
El artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es claro: los partidos políticos no pueden hacer campaña a favor de ningún candidato en la elección judicial. Asimismo, los servidores públicos no pueden utilizar recursos del Estado para promover el proceso electoral.
Aun así, Morena ha estructurado una estrategia que, si bien formalmente no parece violar la ley, se mueve en una zona gris peligrosa. Ramírez Cuéllar ha declarado:
“Nosotros no tenemos ningún financiamiento, aquí no hay partidos ni nada, somos pura sociedad civil.”
Pero ¿es realmente “sociedad civil” cuando la estructura que se está utilizando es la misma que operó para campañas políticas anteriores?
El INE tendrá que decidir si interviene o no en esta aparente movilización partidista disfrazada de activismo ciudadano.
El reto es grande: si el organismo electoral permite que esta estrategia avance sin objeciones, otros partidos podrían replicarla, dando paso a una participación encubierta que iría en contra del principio de independencia de la elección judicial.
Si, en cambio, el INE sanciona este tipo de acciones, deberá hacerlo con contundencia y establecer criterios claros sobre qué constituye intervención partidista en un proceso donde, por ley, los partidos no tienen cabida.
Más allá de la intención de informar a la ciudadanía, la movilización impulsada por Morena podría contaminar un proceso que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido como libre de injerencia partidista.
Si esta estrategia termina desvirtuando la elección, el costo político y la credibilidad del proceso podrían verse gravemente afectados.
La línea entre informar y promover es extremadamente delgada, y lo que parece un esfuerzo legítimo por incentivar la participación, podría convertirse en una operación de tierra encubierta.
¿Lo permitirá el INE, o veremos nuevas modalidades de intervención partidista que desafíen los límites de la legalidad?
El 1º de junio sabremos la respuesta.
RAFA BUELNA
