La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), compartió a las y los titulares de sus 32 sistemas estatales el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, con el fin de que realicen adaptaciones de acuerdo con las particularidades de cada territorio y que autoridades de los tres órdenes de gobierno se guíen de forma coordinada en las acciones de protección de esta población.
Personal de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna explicó que el protocolo identifica distintos tipos de violencia que afecta a la población entre 0 y 17 años, entornos en los que se produce, y personas adultas que los ejecutan; asimismo, cuenta con un marco conceptual de derechos de niñez y adolescencia. Todo con el objetivo de que autoridades locales en comunidades intervengan con medidas adecuadas de protección que garantice los derechos de cada niña, niño y adolescente.
Se subrayó que los servicios de emergencia 9-1-1 es un mecanismo amigable y de reacción inmediata, con personal continuamente capacitado para atender urgencias, en el que niñas, niños y adolescentes que sufren violencia pidan ayuda, denuncien hechos y se les brinde auxilio.
El protocolo impulsa la coordinación clara entre autoridades federales, estatales y municipales para que en las comunidades donde vive esta población afectada, se llegue al lugar de los hechos (Guardia Nacional, policías estatales y municipales, procuradurías de protección, servicios de salud, educación); se dé apoyo telefónico o presencial de psicología y salud mental; se contacte a la policía cibernética en casos de violencia o delito digital, así como a las o los ministerios públicos.
Se aclaró que el protocolo coordina esfuerzos de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, pero no sustituye la obligación y responsabilidad de cada autoridad para desarrollar sus propios procedimientos internos dirigidos a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, en el ámbito de sus competencias.
Asimismo es un procedimiento general para la atención inmediata de un caso de violencia de una niña, niño o adolescente, que sirve como marco para el desarrollo de protocolos específicos para cada tipo de violencia, desde una vez atendida la emergencia hasta restituir sus derechos humanos por autoridades correspondientes.
Cabe señalar que dicho protocolo es una herramienta esencial para enfrentar actos de violencia como las 637 mil 298 llamadas de emergencia al 9-1-1 registradas por violencia familiar entre enero y noviembre 2020; las 240 mil 798 llamadas sobre incidencia de violencia contra mujeres y las 4 mil 649 llamadas por abuso sexual en el mismo periodo, de acuerdo con reportes del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además tiene firmes cimientos legales, por lo que abarca violencias como la psicológica y mental, descuido o trato negligente, abandono, castigos corporales, desapariciones, contra niñez y adolescencia con discapacidad, tortura, abuso y explotación sexual, ejercida a través de tecnologías de la información como internet y redes sociales, etcétera.
Este documento fue coordinado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación de Información y Estudios de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna en el que participaron autoridades de los sistemas nacionales, la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Fiscalía General de la República; Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Dirección General Científica de la Guardia Nacional; Dirección General de Implementación y Evaluación de Políticas Públicas para la Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Comisión Nacional contra las Adicciones, Servicios de Atención Psiquiátrica; y el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
Las características del protocolo descritas se presentaron durante la sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los sistemas nacional y de las entidades federativas.
