El expresidente Felipe Calderón podría ir a juicio por autorizar la construcción de ocho reclusorios privados que implicaron un gasto de 300 mil millones de pesos; los cuales se tienen que liquidar a seis empresas en 2032, como máximo.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación número 611/2020; la cual indica que quienes sean responsables de la aprobación de ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo serán llevados a juicio, de acuerdo con Contralínea.
Entre los exfuncionarios implicados están el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico; el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero; así como el exsecretario de la Contraloría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y otros 30 exfuncionarios responsables de la dirección y administración de penales federales.
Las empresas que se beneficiaron con los contratos son: Homex, compañía dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación; Ingenieros Civiles Asociados (ICA), dirigida por Alonso Quintana; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, que se dedicada a la construcción de carreteras, apunta también el medio ReegeneraciónMX.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República ordenó que se iniciara una investigación sobre la asignación de contratos. Además, solicitó a la Consejería Jurídica buscar una negociación con los empresarios involucrados.
El gobierno federal realizó un acuerdo que le permitió reducir 15 por ciento de la deuda total; con lo que quedó en 235 mil millones de pesos. Hasta el 2020, se pagaron cerca de 90 mil millones de pesos, aún faltan 145 mil millones.
De las seis empresas, ICA, Arendal, Homex y Tradeco vendieron los contratos gubernamentales a otras compañías; aunque eso estaba prohibido porque Calderón asignó los contratos bajo la modalidad de «seguridad nacional». Por lo que la FGR también podría acusar y citar a declarar a empresarios y representantes legales de las empresas; pues provocaron un daño patrimonial de 50 mil millones de pesos aproximadamente.
En el caso de ICA vendió dos contratos a la empresa EXI Cuantum, sus representantes legales son Pablo García Aguilar y Horacio Esparza Pérez; Arendal y Homex vendieron un contrato, cada una, a Inbursa, en donde el apoderado legal es Carlos Arturo Alcalá R, y Tradeco vendió un contrato al fondo de inversión BlackRock.
La Auditoría Superior de la Federación determinó, en la auditoría número 17GB, que la asignación de contratos a estas empresas tuvo un sobrecosto de 41 mil 26 millones 400 mil pesos. También señaló que hubo irregularidades en la contratación de los servicios de auditoría técnica, en contravención a los contratos de prestación de servicios.
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