El Congreso tendrá múltiples desafíos en los próximos tres años, pero ninguno puede quedar para un segundo momento o subordinado a otro como el tema de la comunicación política y los medios públicos que, hasta ahora, se han visto como un botín político, subordinados a lo que llamo “la fórmula mexicana” de la radiodifusión y dispersos entre varias dependencias, sin generar contenidos y mucho menos sin preocuparse por contar con verdaderas audiencias.
Propongo aquí cinco ideas fundamentales para abordar el tema de una nueva legislación de medios públicos, además de lo aquí expresado en materia de Ley General de Comunicación Social y de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
1.-Modificar la “fórmula mexicana” de la televisión y la radio.- Tan antigua como los medios analógicos y como el propio PRI, la llamada “fórmula mexicana” se consolidó entre 1947 y 1948, cuando el entonces presidente Miguel Alemán Velasco, les encargó al ingeniero Guillermo González Camarena y al poeta y ensayista Salvador Novo un viaje de “exploración” por los países occidentales para sugerir el mejor modelo para una televisión y la radio mexicana, que había iniciado operaciones desde la década anterior. La única ley existente era la Ley General de Vías de Comunicación, expedida en 1933, bajo la lógica de privilegiar tiempos oficiales y gratuitos en la radio para los mensajes del presidente de la República.
Novo mostró en su informe una clara proclividad por el modelo británico de la BBC: un monopolio público que no estuviera supeditado al éxito comercial de los contenidos ni dependiera de la Secretaría de Gobernación. González Camarena, ingeniero y concesionario del Canal 5, propuso un modelo más similar al norteamericano, con broadcaster privados que luego se llamarían concesionarios y dependientes de la Secretaría de Gobernación y de facilidades del Estado mexicano para el desarrollo tecnológico. Evidentemente, se optó por esta segunda posición: una mezcla entre televisión privada, subordinada políticamente al PRI y al Presidente de la República, a cambio de explotar la concesión de manera intensa.
Las concesiones no fueron un servicio público de interés general sino un negocio privado para políticos de la época del Cachorro de la Revolución y de la floreciente hegemonía del PRI, como partido gobernante. La mayoría de los políticos, desde gobernadores hasta integrantes del gabinete y el propio Miguel Alemán, utilizaron prestanombres que se volvieron los concesionarios de las principales frecuencias de radio y televisión mexicanas.
La falta de transparencia y claridad en el otorgamiento de concesiones se convirtió, desde entonces, en una herramienta de premio y control para los sucesivos gobiernos priistas y entre el 2000 y el 2012, también para los panistas y con el último sexenio priista de 2012-2018 la “fórmula mexicana” se intensificó y legalizó con una nueva y ambiciosa ley convergente que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La “fórmula mexicana”, entonces, tuvo tres grandes ejes: concentración monopólica, subordinación política al PRI o al partido gobernante y al presidente y, por último, una comercialización intensiva, al margen de cualquier proyecto educativo.
Gracias a esta “fórmula”, la televisión mexicana y, en especial, el monopolio de Televisa durante varias décadas adquirió una fuerza y poder inusitados. Lo que en las aulas se enseñaba cada mañana, la pantalla televisiva lo borraba. La noción de una nación plural, diversa, laica, democrática se enfrentaba a la realidad de una televisión que promovía una sociedad clasista, racista, religiosa y poco crítica frente al poder político.
“Somos soldados del presidente”, sentenció Emilio Azcárraga Milmo para sintetizar esta Fórmula y la acompañó con su correlato: “nosotros somos hacemos televisión para una clase modesta muy jodida”. Su hijo, Emilio Azcárraga Jean actualizó desde la alternancia panista esta máxima: “la democracia es un negocio”, por tanto, los partidos políticos, los gobernantes y cuanta figura pública ambicionara tener poder político era un cliente potencia de Televisa.
TV Azteca no modificó esta “fórmula mexicana”. Por el contrario, la acentuó, con el ingrediente del abierto desafío a las leyes como ocurrió con el Chiquihuitazo de diciembre de 2002.
Imagen TV, la tercera cadena creada en este sexenio, reproduce y emerge de esta misma fórmula. Ni hablar de las grandes estaciones de radio o de las otras cadenas televisivas que están subordinadas a la hegemonía de Televisa y al control del gobierno.
¿Por qué entró en crisis esta “fórmula mexicana” de la televisión y la radio? Por dos razones fundamentales: perdieron credibilidad y audiencias los concesionarios y el avance de la tecnología digital les quitó el control de la agenda informativa y de entretenimiento.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador este 2018 es una clara demostración que se puede ganar en las urnas sin complicidad en las pantallas y, menos, sin despilfarrar el dinero público, como lo hizo el modelo de Enrique Peña Nieto desde su época como gobernador mexiquense.
La “fórmula mexicana” ya no es operativa y está profundamente cuestionada por los ciudadanos mexicanos.
2.-La “fórmula” de los medios públicos.- En contraste con la claridad y contundencia con la que surgieron los medios concesionados, los medios públicos sólo tuvieron una “fórmula”: subordinación y control del gobierno en turno. Las estaciones de televisión y de radio públicas quedaron subordinadas al crecimiento exponencial de los medios concesionados y han manejado con una total discrecionalidad y ausencia de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El primer canal público que se fundó, en vísperas de la aprobación de la Ley Federal de Radio y Televisión, expedida en septiembre de 1960, fue el Canal 11, que salió al aire en marzo de 1959. Siempre se mantuvo bajo su mínima expresión.
El Canal 13 fue primero una concesión entregada al industrial radiofónico Francisco Aguirre y después estatizada en el gobierno de Luis Echeverría en 1972. La historia del Canal 13 y luego del Canal 7 es la crónica de una tragedia anunciada. Con López Portillo hubo un total desaseo y ausencia de proyecto en Canal 13. Trece directores desfilaron con él. Durante el gobierno de Miguel De la Madrid se crearon los grandes “institutos” de medios públicos: como Imevisión, que administró el Canal 13 y el Canal 7, mismos que serían privatizados por el sexenio de Carlos Salinas. El IMER y el IMCINE surgieron de esa época.
Con Salinas se creó el Canal 22 el 23 de junio de 1993. A diferencia de otras señales gubernamentales, ésta fue una concesión. Su idea original era un “canal cultural”. La idea política era ejercer una cooptación y control sobre la comunidad artística y cultural del país.
Con Vicente Fox y Felipe Calderón, Canal 22 y Canal Once sobrevivieron a los vaivenes y frivolidades de ambos gobiernos. Los otros medios públicos como el IMER, Radio Educación y la agencia informativa Notimex quedaron subordinados a la ausencia realmente de un proyecto alternativo a la “fórmula de la subordinación”.
Con Felipe Calderón Hinojosa se creó en 2010 el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, la OPMA, un enorme elefante blanco de la burocracia que nunca concretó su objetivo: regular, actualizar y modernizar los medios públicos de comunicación.
La OPMA de Felipe Calderón se transformó en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), creado en el gobierno de Enrique Peña Nieto el 14 de julio de 2014.
3.-Redefinir el Sistema Público de Radiodifusión.- El próximo gobierno heredará un Sistema Público de Radiodifusión que no ha logrado consolidar su principal objetivo: llegar al 100 por ciento de cobertura del país e impulsar un modelo de contenidos diferentes.
La ley que regula este Sistema es una larga lista de promesas incumplidas, con un organigrama tan complicado como inoperante. Se creó el Consejo Ciudadano del Sistema. No son pocas ni menores las atribuciones que tiene el Sistema Público de Radiodifusión: administra 26 frecuencias nacionales, tiene un patrimonio propio, incluyendo las torres de transmisión de Canal 22, Canal Once.
Con sus 26 estaciones ubicadas en 22 estados de la República, el Sistema apenas cubre el 49.72 por ciento de los televidentes mexicanos. El acceso universal para los 127 millones de mexicanos no es una realidad, mucho menos, la digitalización de los mismos servicios.
El artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión enuncia 14 “principios rectores” que nadie sabe cómo se cumplen. Entre ellos:
-Promover el conocimiento de los derechos humanos, libertades de difusión de los valores cívicos.
-Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.
-Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio de derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión.
-Promover la pluralidad de contenidos en la programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de las audiencias, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.
En cuatro años de existencia, prácticamente han producido menos del 10 por ciento del contenido de sus señales. Reproducen TV UNAM, Canal 22, Canal Once y el Canal del Congreso en varias entidades. La única “gran producción” que realizó fue muy polémica porque estaba dedicada, nada más y nada menos, que a Hernán Cortés, el colonizador español.
Lo peor es que, para efectos prácticos, el Sistema Público de Radiodifusión depende de la Secretaría de Gobernación. Es decir, del control político. Administra una gran cantidad de frecuencias que “presta” al Canal Once, al Canal 22, al Canal del Congreso, al Canal Judicial y también “renta” sus torres. Es decir, un esquema de triangulación bastante opaco y sin rendición de cuentas.
4.-Redefinición de los medios públicos y sociales.- Según el IFT en México existen 18 sistemas de televisión operados por los gobiernos estatales, 7 televisoras operadas por instituciones públicas de educación superior, más las señales de Canal Once, Canal 22, IMER, Radio Educación, entre otras. La mayoría de esos medios públicos sólo han trascendido porque formaron parte de la vergonzosa triangulación de fondos públicos conocida como La Estafa Maestra. En la mayoría de los casos son controlados directamente por el gobernador, el rector en turno o el grupo político que controla las universidades.
Los presupuestos oficiales de estos medios públicos son realmente irrisorios frente a la enorme cantidad de recursos públicos que se destinan a los concesionarios de la radio y la televisión.
El que más ejerció presupuesto en 2018 fue el Canal Once con 579.5 millones de pesos., menor así al presupuesto de 643 millones de pesos que recibió en 2013, en el primer año del gobierno peñista.
El Canal 22 ejerció 172.7 millones de pesos este año, mucho menos que los 232 millones de pesos de 2013. Como ven, tanto Canal Once como Canal 22 salieron afectados después de la Reforma de Telecomunicaciones del sexenio.
El IMER, con sus 18 emisoras, ejerció un presupuesto de 178 millones de pesos, menor a los 211 millones de pesos del 2013. Radio Educación elevó de 76.3 a 85.7 millones de pesos su presupuesto para 2018, debido al lanzamiento de una nueva señal en la banda FM para operar en la Ciudad de México.
El mismo Sistema Público de Radiodifusión tuvo sólo 220.2 millones de pesos en 2018, pero recibió 251.6 millones de pesos por concepto de “publicidad oficial”, siendo un sistema público y no sabemos exactamente cuánto ha recibido por arrendamiento de sus torres de transmisión desplegadas en 22 entidades. Su función principal no es generar contenidos sino multiprogramar. Nadie sabe cuál es el nivel de audiencia de sus señales.
Los medios de uso social sólo recibieron el 2 por ciento de su presupuesto anual de comunicación social.
En otras palabras, hay dispersión de esfuerzos, opacidad en el manejo de los contenidos y la administración y dependencia hacia el gobierno federal o los gobiernos estatales en turno.
El único intento serio por crear un sistema público está en la nueva Constitución de la Ciudad de México, pero falta una ley secundaria que aterrice todos sus contenidos y aspiraciones.
5.-¿Para qué queremos medios públicos? Esta es la gran respuesta que debe estar en el eje de una reformulación legislativa, jurídica y mediática de los mismos.
Si queremos a estos medios como sistema de premios burocráticos simplemente cometeremos el mismo error que todos los gobiernos de la alternancia.
Si queremos estos medios públicos para modificar gradual y sustancialmente la “fórmula mexicana” de la televisión que es de subordinación al poder político y extrema mercantilización hay que convocar a la sociedad, a los periodistas, comunicadores y, sobre todo, a muchos jóvenes productores para que surja una auténtica “nueva fórmula” de comunicación pública.
La principal necesidad es establecer medios para la comunicación de las instancias públicas y la sociedad en sus distintas expresiones, para impulsar el proyecto educativo y cultural de este gobierno nuevo, entre otras funciones.
No es tarea fácil ni se hará en uno o dos años, pero se tiene que crear una nueva arquitectura para transformar más de 60 años de una “fórmula” que, como la del mismo sistema político, se agotó, se quebró y no podemos revivirla sólo con un signo partidista distinto.
