La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló, este viernes, que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra con 11 mujeres durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, quienes sufrieron detenciones arbitrarias, violencia sexual, tortura física y psicológica, así como la falta de acceso a la justicia.
“El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas. La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos”, señaló la Corte IDH en el resumen de su sentencia.
En este sentido, la Corte IDH determinó que el Estado mexicano no sancionó ni juzgó a todas las personas responsables del operativo en el que participaron policías municipales de Texcoco, de San Salvador de Atenco, de la policía del Estado de México y de la Policía Federal, quienes reprimieron brutalmente a los manifestantes. En dicho periodo, Enrique Peña Nieto, expresidente de México, era gobernador del Estado de México.
Ante esto, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano “realizar una investigación exhaustiva, donde se incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal”. Además, ordenaron que las autoridades implementen medidas de atención a las mujeres afectadas por la represión policial. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estado está obligado a cumplir con las medidas.
Las 11 mujeres presentaron sus denuncias desde el año 2008 al Sistema Interamericano, tras comprobar que ninguna instancia del gobierno estaba investigando los acontecimientos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la razón a las mujeres en 2015, y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer, reparar, sancionar y garantizar la “no repetición de los hechos”. Dado que no hubo una respuesta, la Comisión remitió el caso a la Corte IDH. La audiencia pública se celebró en noviembre de 2017 y asistieron las 11 mujeres afectadas.
En su testimonio, las mujeres destacaron que esperan que el caso cree un precedente para que ninguna otra persona tales violaciones a sus derechos humanos.
