Entrevista publicada en revista Proceso No. 2199
“El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentenció el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el ex jefe del Cártel de Sinaloa, en un tribunal federal de Brooklyn.
Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa de El Chapo Guzmán, el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó al entonces procurador general del salinismo, Ignacio Morales Lechuga. La nota informativa retomada por varios medios nacionales y extranjeros señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al ex procurador general, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”.
Morales Lechuga reaccionó el mismo día que circularon las declaraciones de Cifuentes. Negó conocer al presunto estratega financiero del cártel del Valle del Norte, Colombia, y le solicitó al tribunal de Brooklyn las “versiones completas de las declaraciones vertidas contra Guzmán Loera que me permitan valorar y, en su caso, presentar denuncias o demandas en defensa de mi buen nombre”.
“No se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes, se desprende la comisión de varios delitos, entre otros, el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva”, solicitó el ex procurador en una denuncia de hechos entregada el pasado 18 de diciembre ante la oficina de Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República.
“A mí no me han acusado de nada. Citan mi nombre de manera despectiva, peyorativa, como si yo fuera una persona corrupta, como si me hubiera prestado a recibir sobornos, cosa que es absoluta y totalmente falsa”, subrayó Morales Lechuga en una extensa entrevista con Proceso.
Morales Lechuga no sólo refutó la veracidad y la incongruencia de las declaraciones de Cifuentes. También recordó las dificultades que tuvo con la DEA por las presiones derivadas del secuestro y posterior repatriación del médico Humberto Alvarez Machaín, involucrado en la tortura y muerte del ex agente antidrogas norteamericano Enrique Camarena Salazar, y revivió el episodio del enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales en la pista clandestina de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1990.
Para el actual notario público y ex rector de la Escuela Libre de Derecho, Cifuentes “no da ningún elemento de fecha, de lugar, de entrega que me involucre. Ni siquiera le consta algo porque él mismo reconoce que acudió a un tercero, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias El Flaco, que después fue asesinado en Monterey. Es la estrategia perfecta para difamar y calumniar porque al que le consta ya está muerto.
-¿Esta acusación es algo personal o forma parte del contexto del juicio de El Chapo?
-Desde el momento que se metieron con mi persona, es personal, atendiendo al sentido literal de su pregunta -respondió Morales Lechuga.
-Usted presentó el 18 de diciembre una solicitud ante el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República para que le entreguen la versión certificada y completa de las declaraciones de Cifuentes. ¿Es esto algo inédito?
-Creo que pocas personas han reaccionado en defensa de su dignidad y de su nombre y pocas personas han solicitado ante la Fiscalía General de la República que intervenga.
-¿Por qué cree que se revivió este periodo de usted en la procuraduría general?
-No especulo, estoy pidiendo la información. Hasta donde entiendo, el propio fiscal induce mi nombre. Quiero ver cuál fue exactamente la declaración y de ahí partir.
-La nota de la que nos basamos casi todos los reporteros cita una pregunta del abogado del Chapo a Cifuentes.
-Yo entiendo que muchas veces en estos juicios, la defensa y la fiscalía acuden a lugares comunes para buscar uno la responsabilidad y el otro la inocencia. Y en un caso, el actor central, que es el procesado, o lo ponen como víctima de su país, de sus políticos o lo ponen como parte de un poder corruptor sin límites, perverso, que incluso ha dañado la estructura política de su país.
“Entonces, pareciera ser muchas veces que los juicios son contra México y no contra el procesado. Esa es la imagen que se presenta”, explicó.
El Episodio de Llano de la Víbora
-Ubicándose en el periodo de los años noventa, primero como procurador capitalino y luego como procurador general de la República, ¿qué peso tenía El Chapo en esa época?
-Aclaremos primero dos cosas: en primer lugar, El Valle del Norte, grupo criminal que sustituye al poder de Pablo Escobar, es posterior a los años 94 y yo ya no estaba como procurador, estaba como embajador mexicano en Francia. El testigo es del Valle del Norte no tiene nada qué ver absolutamente con esa época, hasta donde yo sé.
“En segundo lugar, en la época en que fui procurador, El Chapo Guzmàn y el Güero Palma eran las dos cabezas visibles del cártel de Sinaloa. Nosotros en aquella época comenzamos a denominar los grupos de narcotraficantes como cárteles. Antes no existía este hábito y para nosotros era primordial clasificarlo”.
-¿Cuál era el desafío en esa época?
-El desafío era que la violencia no creciera y que pudiéramos asegurar la mayor cantidad de droga, detener al mayor número de responsables, con la menor incidencia de violencia.
-En noviembre de 1991, siendo usted procurador general, se produjo el enfrentamiento entre militares y agentes de la PGR en el Llano de la Víbora, Tlalixcoyan. Fue un caso muy escandaloso porque hacía pensar en la presunta protección militar a los narcotraficantes. ¿Cómo ubicar ese episodio en su época como procurador?
-La recomendación de la CNDH empieza con que, de entrada, todo parecía ser una confusión, pero no fue una confusión. Las pruebas que llegaron horas después descartaban al 100 por ciento la idea de la confusión. Todo esto se trabajó con la procuraduría general de Justicia de Veracruz. No fue la PGR ni la Defensa las que hicieron esas primeras pruebas. El gobernador de Veracruz era Dante Delgado.
“Esas primeras pruebas empiezan a descartar la teoría de la confusión. Entonces había una segunda interrogante: quién era la autoridad competente para analizar el tema. De manera muy simplista, pero constitucional, en términos del artículo 13, la Secretaría de la Defensa se encargó de procesar e investigar los delitos militares y la PGR de investigar los delitos contra la salud. Y fue lo que se hizo.
-¿Por qué intervino la CNDH en este caso?
-La CNDH intervino a petición del presidente Salinas y seguramente debe haber sido por alguna petición de la Secretaría de la Defensa.
El relato de los hechos de aquella recomendación 126/1991 de la CNDH mencionó un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo de cargamento de droga que llegaría presuntamente a esta pista clandestina de Tlalixcoyan. En esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar cargamentos de droga.
“La muerte de los siete agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo que ordenó el general Alfredo Morán Acevedo”, determinó la recomendación de la CNDH y ordenó a la procuraduría militar una investigación en contra de ese alto mando.
En la entrevista con Proceso, Morales Lechuga recordó que durante su periodo como procurador general se utilizaron “aviones persecutores” que interceptaban aeronaves sospechosas que partían de América del Sur y de Centroamérica y que ingresaban a territorio mexicano como punto de enlace con el mercado de consumo de Estados Unidos.
“Estos aviones interceptores eran rentados eran rentados, no por la DEA sino por el ICE (Agencia de Aduanas). Teníamos convenios con EU y pagábamos una renta por cada avión persecutor. Esto nos dio la posibilidad y con acuerdos de cooperación con América Central de romper récords de intercepción asegurando más de 50.3 toneladas en el 91 y más de 38 en 92 de cocaína. Y en los dos años fueron 88 toneladas.
“Nunca se superaron las cifras de aseguramiento de ese periodo: de 164 a 166 aviones aseguramos en 20 meses”, presumió.
-Con este sistema de detección?
-Así es.
-¿Lo de Tlalixcoyan entonces fue un episodio de esta estrategia de intercepiones?
-Claro.
