La dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky , ha señalado que los gobernadores y los alcaldes de todo el país “tienen que aprender a cobrar impuestos”, ello en un contexto en el que diversos actores de estos dos niveles de gobierno han reclamado a la administración lopezobradorista lo que para ellos es una reducción de los recursos que recibirán de la federación en este año. El señalamiento de la morenista tiene además un telón de fondo interesante: México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos impuestos locales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) recauda.
Días antes a la declaración de Polevnsky, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles sostuvo un fuerte jaloneo con el congreso local, derivado de su propuesta económica para 2019, la cual implica la creación de seis nuevos impuestos y el incremento de otros dos. Aureoles encontró en los diputados locales de MORENA, liderados en ese tema por la legisladora Cristina Portillo, una férrea oposición a su planteamiento. SIn embargo, terminó imponiéndose con una cuestionada operación política para alcanzar la mayoría que le permite, a su gobierno, proyectar ingresos por el orden de los 70 mil millones de pesos.
El llamado de la lideresa fue utilizado como pretexto retórico por el gobernador de Michoacán, pero no ha sido suficiente para esclarecer diversos argumentos que han sido esgrimidos en contra de la mayor carga tributaria que se ha impuesto sobre los michoacanos y que podría sentar un precedente a nivel nacional para desatar, lo que podría ser una carrera de impuestos en los gobiernos locales.
En medio de una economía que ha mostrado tasas de crecimiento pírricas en los últimos años y que no han podido reflejarse en mayores tasas de ocupación laboral, el retirarle capacidad económica a los consumidores y a las empresas, merma su capacidad de adquisición de bienes y servicios así como las posibilidades de inversión. En 2014, por ejemplo, el reporte Doing Business señalaba que en México las empresas invierten 334 horas anualmente para cumplir con sus obligaciones fiscales, cifra superior a la de nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá, en donde se gastan 175 y 131 horas respectivamente. Esto distorsiona la competitividad del entorno y merma la capacidad de generar nuevas inversiones cuando existe una alta complejidad fiscal.
Otro elemento que no se esclarece del todo cuando se habla del mayor cobro de impuestos que deben o pueden hacer las autoridades locales, es el destino de estos recursos. En México se ha demostrado que los niveles de gobierno en donde existe mayor opacidad son las entidades federativas. Pese a que la Ley General de Contabilidad Gubernamental les exige desde 2013 ciertos parámetros para la presentación de su cuenta pública y la medición de los efectos del gasto gubernamental en la calidad de vida de los ciudadanos, casi ninguna entidad del país cumple a cabalidad esta normativa.
En el caso de Michoacán, durante el gobierno de Silvano Aureoles, ha habido cierta discrecionalidad en el manejo del gasto público. El Índice de Información del Gasto 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que en 2017 la entidad erogó, por ejemplo, 72 por ciento más de lo aprobado en comunicación social y 22 por ciento más en gasto administrativo.
Sería conveniente que antes de que los estados o municipios arranquen una carrera por el cobro de impuestos a sus ciudadanos, revisen a cabalidad el funcionamiento de sus gobiernos, cumplan la ley y rindan cuentas de lo que hacen con lo que hasta ahora tienen. Así se gana la legitimidad.
