El plan del gobierno mexicano para combatir el robo de combustible aún no deja sentir sus efectos totales en términos sociales, políticos y económicos. La incertidumbre sobre el fin del desabasto de gasolina que la estrategia ha generado, mantiene en vilo a varios sectores de la economía mexicana que, de profundizarse las dificultades, podrían desacelerar su nivel de actividad, con el círculo de consecuencias que esto tendría sobre el empleo y la recaudación tributaria.
En términos políticos, el hilo de Ariadna que se ha halado desde la administración lopezobradorista aún no llega hasta las ultimas consecuencias y no ha llevado a los tribunales a grandes personajes de la vida pública, sin los cuales no seria explicable la proliferación del robo de gasolina que PEMEX padeció de forma aguda en los últimos años.
Pese a que no se vislumbra con claridad el fin de la batalla contra el huachicoleo y el desabasto de gasolina, ya hay algunas aristas interesantes y ecos que son dignos de un análisis, aunque somero y temprano.
El primero de ellos es que ha quedado al descubierto el descuido y abandono premeditado que sufrió PEMEX para presentarla como una empresa improductiva y llena de corrupción, lo cual fue el argumento retórico más fuerte para impulsar la reforma energética durante los gobiernos neoliberales. La paraestatal paralizó prácticamente sus refinerías y, tan sólo el sexenio pasado, dejó de invertir 36 mil millones de pesos en el mantenimiento de equipos e instalaciones consideradas estratégicas. La inanición puso en estado de indefensión a PEMEX y el flagelo del llamado huachicol era la puntilla perfecta.
Una segunda arista que ha quedado clara con la estrategia del gobierno federal es la del cambio de prioridades que está viviendo el país y que se refleja en el reordenamiento de la agenda de la administración pública. Es evidente que para López Obrador la recuperación del orden, el restablecimiento del mando y la conducción del gobierno sobre el conjunto del país es prioritario, aún cuando esto signifique ciertos sacrificios de orden económico. Esta priorización de lo político, se encuentra en sintonía con el hartazgo ciudadano hacia a la corrupción; no en vano el nivel de aprobación tan elevado que tiene la estrategia del gobierno de la república contra el huachicoleo, pese a las incomodidades y dificultades a las que ha sido sometida la ciudadanía.
Adicional a lo anterior, el manejo comunicacional de la crisis por parte del gobierno mexicano continúa aludiendo al “desastre recibido y a la magnitud del mismo” para generar impactos sobre la opinión pública con los que se fortalece el repudio a los excesos y la corrupción del régimen anterior. Así ha quedado de manifiesto con la apertura de la antigua residencia oficial de Los Pinos y el contraste con el austero modo de vida del presidente, a lo cual ahora se suma el decidido combate a actos de saqueo que, como el huachicol, fueron auspiciados por la impunidad del pasado. El contraste permanente y la reiteración de la regeneración nacional que implica el nuevo gobierno, parecen ser ya la tónica comunicativa de la administración lopezobradorista.
Finalmente, la crisis de abasto de gasolina enciende focos rojos sobre las consecuencias a mediano plazo del agotamiento del petróleo. La teoría del pico de Hubbert que pretende predecir el fin de la era de los combustibles fósiles ha servido a organismos serios como la Agencia Internacional de la Energía, para señalar que el cenit del petróleo ocurrió en 2006 y que a partir de ahí ha comenzado un declive en la producción del energético a nivel mundial. Las dificultades por las que atraviesa la planta productiva del país derivadas del desabasto de combustible, podrían ser la sacudida que necesitaba la economía nacional para comenzar a invertir en la reconversión energética.
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