La tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo ha conmocionado a la nación. Al menos 89 personas fallecidas, varias de ellas menores, y 54 heridas, muchas de ellas en estado de gravedad en los hospitales, nos dan la dimensión de uno de los peores incidentes en la historia reciente provocada por el robo de combustibles o huachicol.
El atentado al ducto de Tuxpan-Tula y la posterior explosión ocurrieron en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Combustibles lanzado por el Gobierno Federal desde el 27 de diciembre pasado. El apoyo social hacia esta estrategia ha crecido, a pesar de las críticas y las estrategias de desinformación generadas por el desabasto. Más del 80 por ciento de los mexicanos encuestados en la segunda quincena de enero respaldan este plan del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dolor profundo que han provocado las imágenes y los testimonios de lo ocurrido en Tlahuelilpan ha reforzado la emergencia y el apoyo social. Es una desgracia que haya sido a través de esta tragedia que buena parte de la sociedad mexicana tome las dimensiones del desafío.
El plan contra el huachicoleo ya no se trata sólo de cerrar ductos, incrementar penas y sustituir paulatinamente las redes de distribución de gasolinas a través de pipas y carro-tanques. El corazón de la estrategia radica en restablecer el Estado de derecho y darles opciones a comunidades enteras que ante la falta de ofertas de ingreso, de trabajo y de vida decidieron dedicarse al robo de gasolinas.
El caso de Hidalgo es muy ilustrativo de lo sucedido. Esta entidad es la segunda con mayor número de toma clandestina de combustibles a nivel nacional. En 2017 se registraron 1,064 tomas y en 2018 se elevaron a 1,726, según los datos de Pemex. El ataque al huachicoleo en municipios de Puebla, la entidad que encabezaba el delito de robo de combustible, generó en 2018 una especie de “efecto cucaracha”: los grandes ladrones de combustible se trasladaron a las comunidades cercanas a Tula, Hidalgo y a Salamanca, Guanajuato. La violencia en ambas zonas se disparó y ahora vemos sus consecuencias.
El presidente López Obrador advirtió frente a los efectos de la tragedia: “no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia de los huachicoleros con más violencia”. Lo único que logrará una estrategia represiva y bélica, al estilo del sexenio de Felipe Claderón serán más muertos, más heridos y la dispersión del delito. Tampoco se puede continuar con la indolencia y la corrupción consentida desde los altos mandos de Pemex, como ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se requiere combatir a las causas del huachicoleo y confrontar sus consecuencias. Esto no se logrará rápido, pero debe existir claridad y apoyo social.
Es una auténtica batalla cultural y política la que se está librando a nivel nacional para “expropiarle” al huachicol el control de las comunidades que se dedican al robo de gasolinas. Se trata de crear vías institucionales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se combate la impunidad y se cortan los largos brazos del crimen organizado en el robo de gasolinas.
