El asesinato de Luis Donaldo Colosio es considerado uno de los crímenes más emblemáticos en los sectores políticos del país. A más de dos décadas de su acontecimiento, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha pujado porque se revelen los informes y videos que integraron la investigación.
Así, las actas judiciales sobre Mario Aburto, supuesto autor material del homicidio, han sido desclasificadas, y, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentan anomalías tales como testimonios inconsistentes, tortura al acusado, presiones de autoridades y documentos inéditos donde se incluyen contradicciones entre testigos.
Laura Sánchez, periodista de MCCI, analizó los documentos que integran siete años de investigación de la Fiscalía Especial para el caso Colosio , dentro de los cuales hay careos, testimonios, fotografías y extractos de la averiguación previa que no se incluyeron en la versión publicada por la PGR, institución que en principio quiso mantenerlos clasificados durante 35 años.
De acuerdo con la investigación, tras el asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana, la policía detuvo a Mario Aburto, un joven de 23 años que aseguró tener un “plan solitario” para asesinar al candidato del PRI. Sin embargo, se arrepintió de esa declaración dos meses después; en ese segundo testimonio Aburto señaló que fue torturado por la policía y obligado a confesar que pertenecía a “un grupo armado o político” y le dieron un líquido que lo dejó inconsciente, tras lo cual lo llevaron a un sitio “donde se escuchaba el mar” y lo torturaron de nuevo.
“Se acercó al declarante un agente que sin ser notado por sus compañeros le dijo que el presidente Salinas de Gortari estaba en el teléfono y quería negociar con él. Y que lo que el declarante quisiera el presidente se lo iba a dar, pero que el de la voz tenía que prestarse a lo que él dijera y que de preferencia dijera que le había pagado un partido político”, reza el expediente.
A su vez los familiares de Aburto, su novia, Graciela González Díaz y sus primos Mauricio y Marcelino Ortiz, declararon que también fueron forzados por la policía a declarar que Aburto guardaba armas de fuego en su domicilio y realizaba prácticas de tiro hasta una semana antes del homicidio.
Los documentos también reportaron la presencia de un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien supuestamente investigaba el desarrollo de la campaña presidencial de Colosio. En su declaración, apuntó que el CISEN no les permitía a los efectivos portar y usar armas. Pese a eso, sus pruebas de presencia de pólvora salieron positivas.
Entre las irregularidades en la detención de Aburto, señalan que un policía federal se presentó como “un periodista internacional” para obtener un primer testimonio del detenido. Asimismo, los policías que custodiaban al candidato se contradijeron en la posición del cuerpo de Colosio luego del atentado, así como en el número de disparos.
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