Una vez más, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante conferencia de prensa, reiteró su postura ante los derechos humanos de las mujeres, recalcando el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Subrayó la diferencia entre quienes se autodenominan “provida” y la postura contraria, a quienes erróneamente se les nombra “proaborto”.
Las organizaciones y personas que se han autonominado “provida” son quienes están en contra de la despenalización del aborto, bajo argumentos dogmáticos, que tienden a la extrema derecha, y que en realidad atentan contra los derechos humanos de las mujeres.
Por lo que, Sánchez Cordero llamó a la reflexión del término para evitar confusiones. Especificó que el principal objetivo de la despenalización del aborto es que no se criminalice a la mujer por tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. “Se pretende no criminalizar a una mujer, no llevarla y sujetarla a un proceso penal y privarla de su libertad. Esta es un tipo de revictimización de la mujer y es una política altamente discriminatoria”, explicó.
El día de hoy, 6 de marzo, el congreso del Estado de Nuevo León dictaminó la penalización del aborto. Dolores Leal Cantú, por parte del partido de Nueva Alianza, se pronunció en contra de la decisión, calificó el hecho como un acto regresivo, violatorio de la Constitución del Estado y tratados internacionales a los que está adscrito nuestro país.
En una sesión de aproximadamente cinco horas, el Congreso Local del Estado rechazó el derecho a decidir de una mujer sobre su propio cuerpo. Fueron 30 diputados quienes votaron a favor del dictamen, ocho en contra y dos abstenciones.
Los diputados no sólo votaron en contra, sino que sumaron un párrafo al Artículo 1 Constitucional local para “garantizar el derecho a la vida” desde la concepción hasta la muerte natural.
La reforma establece lo siguiente:
“El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal”.
Durante 20 años se han presentado veinte iniciativas, mismas que han sido congeladas, para la despenalización del aborto. En esta ocasión se volvió a presentar la propuesta y fue rechazada.
El derecho al aborto es un derecho humano de las mujeres, y es un derecho a favor de la vida. La segunda causa de muerte materna en México sigue siendo el aborto clandestino, y citando a la activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, originaria de Chiapas, Karen Dianne, debo recordar que, “es muy ingenuo pensar que, porque se prohíbe, se elimina una práctica que se ha llevado a cabo en todas las sociedades humanas”.
La importancia de despenalizar el aborto radica en salvar miles de vidas de mujeres y niñas. El acceso seguro a la interrupción del embarazo se ha convertido un privilegio cuando debería ser un derecho. Legalizarlo es la responsabilidad del Estado para garantizar las condiciones óptimas para que todas las mujeres y niñas mexicanas, de todos los sectores socieconómicos, puedan abortar de forma segura sin tener exponer su salud ni mucho menos su libertad.
En las redes sociales la indignación de grupos feministas y de quienes tienen noción de los derechos humanos, se manifestaron en contra de la decisión del Congreso de Nuevo León, las opiniones empezaron a difundirse bajo el hashtag #DerechoADecidirNL.
La tendencia, hasta ahora, ha llegado a 17 mil tweets y más de 14 mil 900 retweets. Entre las palabras más utilizadas se encuentran la de derechos humanos. Asimismo, la tendencia ha estado acompañada de los hashtags #AbortoLegalYa y #alertadenuevoleón.
Mientras tanto, la palabra aborto ha tenido más de 43 mil tweets, más de 32 mil retweets y más de 4 mil réplicas. Las internautas han tweeteado más que los varones, rebasándolos en un 53 por ciento.
“Asesina no es la mujer que decide abortar. Asesinas y asesinos son quienes legislan en contra de los derechos humanos, basados en prejuicios y posicionamientos morales e ideologías religiosas que violan el Estado laico. Las diputadas y diputados que se han negado a participar en los Foros sobre derechos reproductivos que ha organizado la sociedad civil para acercarlos a información científica prefieren condenar a las mujeres, cuando pudieran evitar nuestras muertes”, mencionó la activista chiapaneca, Karen Dianne, en medio de una manifestación a favor del aborto en Chiapas el pasado diciembre.
