Para fortalecer el ataque al robo de hidrocarburos, la Cámara de Diputados aprobó cancelar los permisos a los expendedores de gasolinas e inhabilitarlos pro 15 años, cuando se detecte que venden gasolina robada.
Además, se le exigirá implementar un sistema e geolocalización en sus unidades de transporte y, se permite al Estado la posibilidad de realizar el decomiso de bienes que se hayan generado por la comisión de delitos vinculados con el robo de hidrocarburos.
Por unanimidad el pleno de San Lázaro aprobó las reformas a la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, dijo al argumentar el dictamen que “además de las sanciones que implican la revocación del permiso, se establezcan también la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad, objeto de la sanción, hasta por 15 años”
Enrique Ochoa Reza del PRI, dijo al anunciar el aval de su partido que con los cambios “seguiremos dotando de herramientas para que el Poder Ejecutivo sí cumpla las instrucciones del presidente López Obrador y disminuya el robo de combustibles”.
La panista y presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que los cambios “significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía para lograr que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos”.
De acuerdo con los legisladores de oposición, en los primeros dos meses del año Pemex registró más de 2 mil 90 tomas clandestinas de robo de hidrocarburos.
Estimaron que el costo por desabasto de combustible en meses pasados, cuando se implementó la estrategia del gobierno federal para combatir el llamado huachicol, implicó una pérdida cercana a los 40 mil millones de pesos.
