Luego de que algunas organizaciones sociales denunciaran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encubrió casos de tortura en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente de propia CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseguró que interpondrá una denuncia penal contra ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), organización que ya no se encuentra en funciones.
El caso de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ha retomado protagonismo por la circulación de un video difundido por YouTube, en el que se muestra un interrogatorio donde se tortura con bolsas de plástico en la cara a Carlos Canto, quien presuntamente participó en la desaparición de los normalistas y fue detenido el 22 de octubre de 2014 por policías municipales de Guerrero y elementos de la Marina.
En el marco de la presentación del “Informe Anual de Labores 2018″ de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su titular negó que la Comisión haya encubierto esta práctica: “No hay que confundirnos, la Comisión Nacional señaló que había violaciones a los derechos humanos de esta persona que fue detenida arbitrariamente, que tuvo un retención ilegal y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo.
Además, Gonzales Pérez añadió que la PGR se negó a proporcionar información sobe el caso Ayotzinapa así como de otros tantos. “La Comisión Nacional no ha encubierto, y rechazo esa afirmación falaz. Esta persona es víctima de violación a derechos humanos, está señalado en la recomendación, por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y además se investiguen las razones por las cuales no quisieron proporcionar esa información”, dijo y precisó que la CNDH no conocía el video de la tortura a Carlos Canto.
De igual forma, el titular de la Comisión señaló que existen pruebas de que ellos hicieron las gestiones correspondientes para obtener la información de la PGR, las cuales, no fueron atendidas. “Tenemos evidencia de que solicitamos la información que estaba realizando la PGR sobre tortura de esta persona. La pedimos oficialmente. Siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar, este es uno más. Nos ponían a trascribir las constancias cuando nos dejaban acceder a la información. El titular de la oficina de Iguala no nos proporcionó la información”.
Sin embargo, una de las quejas de las organizaciones sociales que han presentado inquietud en la inacción de la CNDH, es que esta no es la primera vez que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se habla de tortura. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, los detenidos señalaban a agentes de la policía ministerial, adscrita a la Fiscalía Federal. Uno de esos 23 era Carlos “N”, el hombre que aparece en el video ahora público.
Las organizaciones Servicios y Asesoría por La Paz, así como los centros de Derechos Humanos de la Montaña y Miguel Agustín Pro reprocharon que a más de cuatro años ni siquiera en los casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Respecto al detenido Carlos “N”, ahora ya reconocido como Carlos Canto, se recordó que la CNDH concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o a descargas eléctricas, pese a la abundancia de pruebas y a la reiterada denuncia del detenido.
Además, mediante un comunicado, las organizaciones sociales advirtieron: “La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos en los que la tortura es flagrante; por lo que se confirman los sesgos y limitaciones de su recomendación”.
También evidenciaron que la CNDH, en su Recomendación sobre Ayotzinapa evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo la hubo violación a los derechos humanos en ocho de ellos.
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, indicó que ahora que es público el hallazgo de tortura en el caso Ayotzinapa, la Comisión presentará quejas por la inoperancia de las autoridades: “En las denuncias penales que la CNDH, derivadas de nuestra recomendación, interpondrá, haremos énfasis a esto, y al entorpecimiento que se hizo de la investigación del caso”, dijo.
Añadió que esto no debe modificar que las autoridades continúen con las indagatorias de las líneas que la CNDH propuso antes.
“Ahí están los 63 mil restos que la PGR, con peritos argentinos, recabaron. Nosotros hemos seleccionado 114, para determinar si pertenecen a los estudiantes, eso también no debe soslayarse. Se deben investigar estas conductas ilícitas como las que confirma este video, pero no confundir que la CNDH encubre cuando señaló violaciones a derechos humanos”, mencionó el titular de la CNDH.
González Pérez insistió en que la Comisión que preside no tuvo las condiciones para realizar su trabajo de forma óptima por el entorpecimiento de las autoridades y la opacidad del caso: “Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida. La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más”, dijo.
“Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, así como el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad” reiteró.
Luego de que apareciera el video de tortura a Carlos Canto, el subsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien en al momento de la investigación de los normalistas desaparecidos en Iguala, se desempeñaba como encargado de la Policía Federal de Guerrero, renunció al cargo por su posible participación en el acto de abuso de autoridad, debido a que, al parecer, su voz es la que se escucha amenazando a Canto.
