Representantes del Sistema Anticorrupción de Baja California presentaron un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, por nombrar al Auditor Superior sin tener en cuenta expedientes de los postulantes, quien fuere escogido en la misma sesión cuando los diputados locales votaron a favor de la más conocida “Ley Bonilla”, para ampliar el periodo de 2 a 5 años del gobernador electo.
Por lo anterior, el comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California consideró que los diputados violaron la Constitución del Estado, ya que no se contó con la presencia de los representantes ciudadanos durante las etapas de evaluación y comparecencias de los aspirantes.
Como consta en medios locales, Carlos Montejo Oceguera, fue la propuesta del PAN, y es a quien le corresponde fiscalizar las cuentas públicas de 2017 a 2019 del actual gobernador, panista, Francisco Vega, y también la del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, incluso, los quejosos consideraron que la designación de Montejo fue una especie de “moneda de cambio”.
El amparo presentado ante el Poder Judicial de la Federación, señalaron como responsables de las supuestas irregularidades al Pleno del Congreso local, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y a los legisladores de las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de la Especial, quienes evaluarían a los contendientes al cargo de Auditor Superior del Estado.
Cabe mencionar, que desde el 8 de julio, cuando se dio el albazo legislativo a favor del gobernador electo, Jaime Bonilla , Montejo Oceguera, fue electo por 22 votos a favor, desde aquella fecha los comisionados ciudadanos entregaron un oficio al Congreso local, en el que advirtieron que se violó la Constitución porque no se entregaron los expedientes de los postulantes, ni la metodología de evaluación, además que existía ya un candidato para ocupar ese cargo, haciendo referencia al auditor electo.
