La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es “que no se tape nada” y “no se dejará en el cajón ningún expediente” para referirse al caso de Rosario Robles, que ayer fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, cuando fue secretaria de Estado.
Por tratarse de la primera vez que un ex funcionario es citado ante un juez para responder por el ejercicio indebido del servicio público en calidad de autor directo, el presidente fue interrogado en la conferencia matutina sobre la existencia de otros expedientes de servidores públicos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que les haya solicitado la FGR.
El mandatario federal respondió que no tiene más información que les hayan solicitado de otros servidores públicos del pasado sexenio; sin embargo, la orden que ha dado a la Unidad de Inteligencia de Hacienda, es que se le tramite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero.
“Imagínate si le digo guarda ese expediente, guárdalo ahí en el cajón, no quiero ser un presidente rehén de nadie, no quiero que vaya un servidor público y se me quede viendo para ver que voy a hacer. Imagínense si yo le digo: -deja ahí ese expediente, mételo en el cajón-, ¡Imagínese! ¿qué pensaría?, ya no me respetaría”, expresó.
Al mismo tiempo, el titular del ejecutivo dejó en claro que su fuerte no es la venganza, más bien pide que se “haga justicia, no venganza”, y tampoco está de acuerdo con los linchamientos mediáticos, y “acusar, por acusar”.
López Obrador, explicó que la información se requiera para abrir investigaciones, se solicita a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que está a cargo de Santiago Nieto, y instrucción es que se le de trámite.
Por otro lado, la UIF aún sigue en las averiguaciones del caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex quien es acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Quien a finales de julio, un juez federal le negó la suspensión definitiva, por el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por la misma unidad de Hacienda.
