Durante su 1er Informe de Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre su estrategia y los avances en cuanto a seguridad, un rubro que aceptó, aún tiene muchos pendientes y necesidades de mejora, pero que también recalcó, se dificulta por las políticas de las administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar mucho porque no son buenos los resultados en cuanto a la incidencia delictiva en el país, que se está atendiendo el problema y constituye nuestro principal desafío… Soy un hombre de desafíos, de retos, y estoy seguro que vamos a serenar al país, es un compromiso”, dijo el mandatario.
Desde Palacio Nacional, el Jefe de Estado criticó que entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad mediante la fuerza y el resultado fue catastrófico, señaló el presidente y añadió que eso dejó muertos, desaparecidos, una descomposición institucional sin precedentes y un daño al tejido social; “todavía padecemos de inseguridad y de violencia, considero por la mala estrategia que se aplicó desde el principio”, sentenció.
Como en otras ocasiones, el Jefe de Estado reiteró su cambio de estrategia en contraste a sus antecesores, y dijo que “ni el ejército ni la marina se utilizarán para reprimir al pueblo, se terminó la guerra de extermino contra la llamada delincuencia organizada (…) El estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos (…) ya no masacres, redadas: el marino y el soldado, es pueblo uniformado (…) El pueblo cuidando al pueblo, eso es la Guardia Nacional”.
Al respecto, y en solución a los problemas que heredó de las administraciones a las que hace referencia, comandadas por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador enfatizó: “La nueva estrategia consiste en no tolerar la tortura ni ninguna violación de derechos humanos. Se dedican recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia (…) Estamos haciendo todo lo que humanamente es posible hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa”; además añadió: “Se está brindando protección a 337 periodistas amenazados y a 639 defensores de derechos humanos”.
Además, señaló que han sido puestos en libertad 45 presos políticos y se está buscando la estrategia para la recuperación de los restos de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos, en 2006: “Se han reunido expertos de México y del extranjero y se ha diagnosticado que es posible realizar con éxito esta acción humanitaria”, dijo el presidente al respecto.
A su vez, el mandatario insistió en que su administración ha buscado estos primeros nueve meses de gobierno el cambiar las medidas de guerra por una política integral de paz y protección ciudadana “por lo que se crean mejores condiciones de vida y de trabajo: lo principal es que haya empleo, buenos salarios y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y la reestructuración ética de las instituciones y de la sociedad”.
El presidente informó que hasta ahora, se han desplegado 58 mil 600 elementos de la Guardia Nacional, órgano de seguridad creado en su administración, en 150 coordinaciones territoriales, aunque, precisó, la meta es llegar 140 mil elementos en 266 coordinaciones que cubran todas las regiones de México.
Asumiendo que el problema de la inseguridad en México es una cuestión también institucional, el presidente mencionó: “No permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad, cero impunidad. Nada de mezclar delincuencia con autoridad, eso se termina, el que se meta a proteger a delincuentes, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza, ya no hay influyentismo”.
Andrés Manuel López Obrador informó también que para mejorar la seguridad en México es clave la reunión de lunes a viernes del gabinete de seguridad, que él mismo encabeza, de 6:00 a 7:00 de la mañana y que está conformado por los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, y de Defensa, General Luis Crescencio Sandoval. Asimismo, afirmó que se convoca a otros servidores públicos, en un modelo que se replica a escala estatal y regional con representación del propio Ejecutivo. “No hay motivo para divisiones, mucho menos cuando se trata de garantizar la seguridad de la sociedad”, sentenció a propósito del esfuerzo coordinado entre distintos niveles de gobierno, sin importar el partido del que provengan.
