Este 3 de octubre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia luego de diversos señalamientos por actos de corrupción. En junio pasado, la UIF anunció que, a petición del Senado de la República, iniciaría una investigación contra el entonces ministro y ex procurador durante el gobierno del panista Felipe Calderón.
Esto, luego de que la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó transferencias por dos millones 383 mil 526 de libras esterlinas en los últimos dos años realizadas al exembajador de México en Reino Unido. Sin embargo, su historia de opacidad es aún más extensa.
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha visto involucrado en cuestionamientos sobre su situación financiera, luego de que la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV, de la que resultó ser beneficiario, recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos millonarios para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, así como cursos de uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.
Dichas adjudicaciones de servicios directas a la empresa, es decir, sin ningún tipo de licitación, se dieron entre 2006 y 2018, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. A inicios de junio del presente 2019, se dio a conocer que la Nacional Crime Agency del gobierno de Reino Unido detectó lo que la propia organización determinó como “transferencias sospechosas”, en las cuentas del Ministro Medina-Mora por 2 millones 382 mil 586 libras esterlinas, mientras que el Departamento de Tesoros de EU identificó otros movimientos entre 2016 y 2018 por 2 millones 130 mil dólares, que en conjunto, sumarían 102 millones de pesos. Sin embargo, las declaraciones del Ministro al Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre 2013 y 2017, ascienden a sólo 26 millones, 38 mil, 256 pesos.
Medina-Mora, quien era hasta hoy ministro de la SCJN y se desempeñó como embajador de México en los Estados Unidos, de 2013 a 2015, señaló que pese a ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, no es necesariamente culpable: “Hay información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, dijo en conferencia al publicarse su situación.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el ex Ministro se encuentra vinculado a temas comprometedores; en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Medina-Mora se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, vinculado al operativo de mayo en San Salvador Atenco, el cual decantó en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad, y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron, bajo las recomendaciones 38/2006 y dictamen 3/2006, que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del operativo.
Entre otras recomendaciones que guarda en su haber, Eduardo Medina-Mora cuenta con la número 37/2006 sobre el movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que murieron dos obreros y la 64/2008 adjudicada por la investigación de funcionarios públicos sobre la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
Asimismo, como encargado de la Procuraduría General de la República, puesto que ocupó de 2007 a 2009, se caracterizó por la opacidad y protección de algunas averiguaciones previas de delitos cometidos por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y además de ocultar detalles de las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox; los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de Rosario Robles y el empresario Carlos Ahumada Kurtz, sólo por nombrar algunos.
Dentro de la opacidad sobre funcionarios públicos se encuentra la suya propia: de 2000 a 2015, presentó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública: en ninguna aparece publicado su patrimonio o sus posibles conflictos de interés.
Además, Cuando Eduardo Medina Mora era director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de 2000 a 2005, en el sexenio de Vicente Fox, el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey S. Davidow, informó que la agencia estaba involucrada en el tráfico de migrantes.
En un cable diplomático enviado en mayo de 2002 a la Secretaría de Estado estadounidense en Washington, Davidow describió la situación de los migrantes en la frontera sur de México y detalló cómo oficiales de la Embajada recolectaron información sobre la existencia de redes de tráfico de migrantes en las que participaban funcionarios del Cisen y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Según el documento desclasificado y obtenido a través de la organización National Security Archive (NSA) “una persona de la oficina” del Cisen, “funcionarios de alto nivel de Migración y del Grupo Beta” estaban involucrados en el tráfico de migrantes justo cuando la Embajada de Estados Unidos reportaba un aumento en el flujo de centroamericanos que intentaban cruzar México para llegar a la frontera norte.
