Medios de comunicación como Proceso y la agencia de noticias EFE, ya habían reportado que Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya había referenciado a presiones y amenazas en su contra, sobre todo en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenida en México en un proceso rodeado de irregularidades.
“Hubo muchas presiones, muchas, muchas presiones, sin duda”, de la administración que encabezaba Felipe Calderón, reconoció Zaldívar para la agencia EFE, sobre aquellos días de marzo de 2012, cuando su propuesta de sentencia sobre el caso de Cassez, no fue aprobada por la Primera Sala, integrada por cinco ministros.
Aunque los magistrados José Ramón Cossío, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra de la libertad inmediata de Cassez, hubo consenso en que se registraron graves violaciones en el proceso y se pidió a la ministra Olga Sánchez Cordero que redactara una nueva propuesta.
Dos días antes Calderón pidió justicia para las víctimas de delitos y que “la interpretación de la ley no sea una rendija” para la impunidad, lo que llevó al entonces presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respeto a “la división de poderes”.
El problema por el que el caso de Florence Cassez fue controversia fue que su captura se registró como un montaje entre el gobierno federal y Televisa, cuando presentaron la aprehensión de la francesa junto con su novio, presunto secuestrados, ante las cámaras, cuando en realidad no había sucedido de esa forma.
Ahora “es impensable que en México se dé un montaje como el que se dio con Florence Cassez”, aseguró en 2015 Zaldivar para EFE el ministro, quien reconoce que dicha resolución “fue radicalmente o dramáticamente impopular”.
Y es que el fallo, en el que el alto tribunal no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la joven, desató una avalancha de críticas de las víctimas de criminales.
A la distancia “estoy convencido de que hice lo correcto” y de que la Corte tomó la “mejor decisión posible porque, más allá de la persona en particular, el mensaje que mandó (…) es que hay prácticas que en un Estado democrático no pueden ser permitidas” y que “el combate a la delincuencia organizada tiene que pasar por los derechos humanos”, declaró también Zaldívar para EFE.
El caso enturbió la relación con Francia después de que Cassez fuera condenada en 2010 a 60 años de prisión por secuestro y otros delitos. El entonces presidente galo, Nicolás Sarkozy, dijo que la joven era víctima del sistema judicial mexicano, mientras Calderón la acusó de ser parte de una “peligrosísima banda de delincuentes”.
El 23 de enero de 2013, en el segundo mes del mandato de Enrique Peña Nieto, “el proyecto que se aprueba es exactamente el que yo presento, porque (…) la ministra Sánchez Cordero (lo) retoma”, recuerda Zaldívar.
Así, la liberación de la francesa es aprobada con los votos de Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez, que apenas “iba llegando a la Corte”, en un fallo que, dijo, supuso “un cambio de paradigma, un antes y un después en la historia del debido proceso en México”.
Por su parte, Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, reportó en 2013 que el Gobierno de Calderón Hinojosa “recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa Florence Cassez”.
“Ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Felipe Calderón, al extremo de que más de un ministro de la Primera Sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassez saliera de prisión”, escribió Carrasco Araizaga en Caso Cassez: Amenazas y presiones a la Suprema Corte.
Proceso también confirmó en 2013 que las amenazas alcanzaron a la familia de Zaldívar. “A otros ministros los amagaron con hacer público todo su patrimonio”.
“No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. “Para eso no te pusimos”, le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro”, detalló Jorge Carrasco.
