Luego de que el periódico Reforma publicó que el magistrado electoral, José Luis Vargas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el senador de Morena, Germán Martínez, expresó que el magistrado está a cargo de un “cochinero administrativo” que ensucia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Ese Tribunal debe rendir cuentas y debe ser más transparente, porque ahí, en ese Tribunal, hay un cochinero administrativo. Se están peleando el dinero de viáticos, se están peleando el dinero de viajes entre ellos, y de eso deben rendir cuentas. Y creo que, en ese sentido, quien encabeza esa turbiedad es el Magistrado Vargas, quien encabeza ese cochinero es el Magistrado Vargas”, sostuvo el senador.
“Que tomen cartas en el asunto los órganos de revisión de cuentas, las contralorías. Que tome cartas en el asunto el Consejo de la Judicatura, porque no se mandan solos y que, como dijo el Presidente López Obrador en la mañana, que se investigue todo eso que publicó Reforma”, añadió.
Asimismo, recordó que anteriormente presentó una reforma para acortar los periodos de cuatro años de los magistrados electorales, entre estos el propio Vargas que, según sus declaraciones, fue favorecido por una indebida ampliación motivada por el entonces senador priista Emilio Gamboa.
“Si por mí fuera, esta sería su última semana de trabajo de ese señor (…) su amo es Gamboa. Le dio Gamboa un periodo demás que yo le quería quitar. Si por mí fuera, sería la última semana de trabajo”, expresó.
En tanto, Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, publicó en Twitter: “Sin prejuzgar, es imperativo aclarar los movimientos aparentemente inusuales en los ingresos de los magistrados electorales. No se debe permitir que el dinero deforme el ejercicio de la justicia”.
Según Reforma, el magistrado es investigado por un crecimiento anormal en sus declaraciones patrimoniales a lo largo de cuatro años, así como por una serie de movimientos bancarios y propiedades millonarias.
En concreto, las autoridades detectaron depósitos en efectivo hasta por 14 millones de pesos, portaciones provenientes del gobierno de Sonora, la adquisición de inmuebles y movimientos millonarios a través de tarjetas de crédito.
