El 14 de abril de 2017, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue detenido en el poblado turístico Panajachel, en Guatemala. El gobierno encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, desesperado por recuperar una suerte de legitimidad tras los despilfarros de varios gobernadores estatales, anunció la captura de Duarte —así como la del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington,—como una muestra del trabajo coordinado con las instituciones internacionales y de “demandar del servicio público, invariablemente, integridad, probidad y honestidad”.
Sin embargo, Duarte llevaba un año prófugo cuando la extinta Procuraduría General de la República (PGR) anunció que se había efectuado su captura con ayuda de las autoridades de Guatemala y bajo la acusación de haber cometido presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Meses antes, su imagen fue ampliamente difundida en los medios de comunicación y se le adjudicaron, entre otras acusaciones, tratamientos para niños con cáncer a base de agua; la creación de una red de empresas fantasmas; bodegas donde se encontraron cajas que reunían utensilios correspondientes a los programas sociales, un monto arriba de 20 millones de pesos y objetos de valor tales como centenarios y obras de arte.
Un año antes, el 25 de octubre de 2016, el Partido Revolucionario Institucional lo expulsó de sus filas. Y trece días antes, el 12 de octubre, pidió licencia al gobierno de Veracruz y se ausentó sin dar explicaciones. Según varios analistas, Duarte sintetizó al término de su gobierno las problemáticas del sexenio de Enrique Peña Nieto: falta de transparencia y acumulación de deuda pública junto con un alto déficit fiscal, según la Universidad Veracruzana, “la más severa crisis de la historia moderna de Veracruz”; violaciones a los derechos humanos, desapariciones, asesinatos a periodistas —el nombre de Javier Duarte figuró como uno de los implicados en el caso Narvarte, así como por supuestos vínculos con grupos delictivos —; y un repunte anual de la pobreza, pese a la implementación de políticas de desarrollo social cuya efectividad nunca fue comprobada.
Así, en 2017, la PGR imputó a Javier Duarte el saqueo de 253 millones de pesos de los fondos públicos de las secretarías de Salud y Educación. El periódico español El País y el mexicano, Reforma, publicaron que el ex funcionario y ocho cómplices malversaron fondos correspondientes a estas áreas. Duarte, en su caso, se habría comprado un rancho para lavar el dinero.
El expediente de la PGR lo integraban la documentación recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre transacciones bancarias y una declaración hecha por un abogado cercano al político, quien aseguró que Moisés Mansur, un amigo de Duarte, se hizo pasar por un ejidatario para adquirir un terreno en un precio menor al real, el cual luego fue vendido a una empresa de su propiedad y donde se construiría uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Campeche.
El discípulo de otro ex gobernador de Veracruz, Fidel herrera, fue extraditado a México tras una estadía de dos meses en Guatemala y el 17 de julio arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, fue trasladado en un convoy al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para ser notificado de las acusaciones. Tras una primera audiencia, se le decretó prisión preventiva.
En la segunda audiencia, señala el medio Animal Político, “el juez concluyó iniciar un juicio contra el exmandatario veracruzano por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que consideró que existen pruebas suficientes para presumir dos cosas: que en efecto se cometió un delito y que Javier Duarte es probable responsable de ambos, como líder de la organización criminal”.
El juez basó su decisión en las 82 pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, las cuales argumentaban que Duarte sería el creador de las empresas fantasmas dedicadas al lavado de dinero y que provocaron afectaciones millonarias al erario.
“El Ministerio Público Federal señaló ante el Juez de Control que los hechos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre 2011 y 2016, periodo en el que el hoy imputado se desempeñó como gobernador constitucional del estado de Veracruz”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
“Los fiscales a cargo del caso justificaron al Juzgador Federal que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos JDDO se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachada para invertir recursos a través de ellas”, agregó la dependencia.
Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para obtener una reducción de su condena, la cual se estableció de nueve años junto un con un pago de 58 mil 890 pesos mexicanos. A su vez, tiene otros dos procesos abiertos promovidos por la Fiscalía de Veracruz y que implican la medida cautelar de prisión preventiva.
Reapareció en los medios de comunicación a través de su cuenta de Twitter, publicando artículos y dando entrevistas para programas de radio y televisión. Todo desde la cárcel. En ellos, el ex gobernador ha asegurado que antes de su detención existió un acuerdo entre su sucesor en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el ex secretario de Gobernación, Osorio Chong, así como un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el que habría acordado entregarse a cambio de la libertad de su esposa, Karime Macías, quien fue detenida en Londres y liberada tras pagar una fianza de más de 3 millones de pesos.
Por otra parte, este lunes se difundió que Javier Duarte obtuvo un amparo para invalidar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018, el cual le otorgó el Primer Tribunal Colegiado.
Aunque se mantendrá preso por el delito de lavado de dinero por el que fue sentenciado a nueve años de cárcel, el amparo obliga al juez de control que dictó la medida cautelar a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso.
En su resolución, los magistrados apuntaron que se deberá revisar debidamente los datos y los hechos que derivaron en la formulación de proceso, así como ponderar los datos de prueba que fueron incorporados por las partes y analizar las pruebas de manera fundada.
