El juez federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, absolvió a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff de las acusaciones de integrar una organización criminal destinada a desviar fondos públicos de la petrolera Petrobas y de otras empresas estatales hacia su partido.
La sentencia de la justicia Federal brasileña también beneficia a los ex ministros de Hacienda en los gobiernos del PT Antonio Palocci y Guido Mantega, así como al ex tesorero de la formación progresista Joao Vaccari.
Los cinco fueron juzgados tras haber sido acusados de haber integrado una organización criminal destinada a desviar recursos de la petrolera Petrobras y de otras empresas estatales durante los gobiernos del PT, primero con Lula (2003-2010) y después con Rousseff (2011-2016), para supuestamente financiar las campañas electorales del partido.
Los acusados fueron declarados inocentes dos meses después de que la propia Fiscalía solicitara su absolución sumaria tras reconocer que no existían “elementos configuradores de la existencia de una organización criminal”. La denuncia fue presentada por el entonces Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes del fin de su mandato en 2017, pero sus sucesores en el cargo, Raquel Dodge y Augusto Aras, no la respaldaron.
De acuerdo con la acusación hecha por Janot, Lula y Rousseff participaron en una red para recaudar entre 2002 y 2016 sobornos por un valor de 1.480 millones de reales (unos 352,4 millones de dólares) para las campañas electorales del PT. Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan sólo buscaba “criminalizar la actividad política”.
“La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad”, según la sentencia.
La absolución afecta a uno de los nueve procesos abiertos en la Justicia contra Lula, que el pasado 8 de noviembre abandonó la prisión en la que estuvo recluido desde abril de 2018 después de que la Corte Suprema le autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos a que tiene derecho contra sus condenas. Lula cumplía una pena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero que ya fue ratificada en tres instancias, por lo que tan solo le quedan pendientes los recursos que presentó ante la Corte Suprema, sentenció el diario El País.
