Tras reunirse en la oficinas del representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, USTR, por sus siglas en inglés, el subsecretario para América del Norte Jesús Seade aclaró que no se designarán inspectores laborales en México, y que los referidos en la iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, operarán y se ceñirán a las leyes mexicanas en materia.
En un mensaje a medios, desde la embajada de México en Estados Unidos, el funcionario del gobierno mexicano leyó una carta firmada por Lighthizer, en la que da respuesta a la misiva enviada por el gobierno mexicano el pasado sábado 14 de diciembre, expresando su inconformidad por el ordenamiento que aprobaría el congreso norteamericano para acompañar el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que contempla enviar hasta cinco inspectores laborales.
Aclaró que en la misiva del representante comercial estadounidense indicó que las únicas visitas al territorio mexicano serán de acuerdo a los procedimientos y reglas dispuestos en el T-MEC, como lo son, los panelistas independientes que cada país asignará.
“Como usted bien sabe, el T-MEC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos que es el primero en su tipo, cuyos páneles independientes, de tres personas elegidas por ambas partes, pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados. Pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales”, dice Robert Lighthizer en la misiva.
Seade Kuri añadió que su parte estadounidense comunicará a la Secretaría de Relaciones Exteriores los avances que se darán en el Congreso de aquel país, con el fin de que México pueda contar con todos los elementos para elaborar sus propias leyes en torno a la implementación del tratado y la sustentación de paneles arbitrales, como es el caso de la protección de los trabajadores connacionales que se encuentran en Estados Unidos.
