De acuerdo con una investigación de RT, los gobiernos de Jalisco ocultaron durante 10 años un estudio que prueba el envenenamiento de la población de Jalisco debido a los desechos tóxicos que industrias arrojan a la cuenca Lerma- Chapala- Santiago.
La Comisión Estatal del Agua de Jalisco mantuvo bajo reserva por nueve años dicha investigación realizada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la que tenían un acuerdo de confidencialidad.
El documento da cuenta de la concentración de metales pesados en niños que viven a orillas del río Santiago. La población infantil tenía altas prevalencias de exposición a cadmio en 77 por ciento, en 74 por ciento a compuestos orgánicos persistentes, 60 por ciento a mercurio, 43 por ciento a ácido transmucónico, 35 por ciento a plomo y 30 por ciento a arsénico.
RT tuvo acceso al informe llamado “Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano en el estado de Jalisco” y fue realizado a 330 niños habitantes de El Salto, Puente Grande, Tonalá, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca.
Según el informe, más de la mitad de la población total de todas esas comunidades viven con envenenamiento por metales por encima de los estándares médicos lo que ha causado daños cognitivos en algunos de los menores de edad y podría causar insuficiencia renal crónica.
“Esto significa que el Gobierno de Jalisco tenía conocimiento de la situación desde hace casi una década y no hizo nada para revertir el problema, a pesar de los insistentes reclamos de la población y la mortandad silenciosa que se vive en la región, como consecuencia de la alta exposición al agua contaminada. Una dinámica perversa alentada por las millonarias ganancias que generan empresas trasnacionales y gobernantes que privilegian las inversiones privadas por encima de la salud de la gente”, se lee en el reportaje.
En 2008 el 14 de febrero un niño cayó al río Santiago y después murió en el hospital, donde los doctores encontraron niveles de arsénico 400 por ciento más que el límite tolerable por el cuerpo humano.
Luego de este suceso los habitantes de la zona decidieron tomar acciones legales contra las industrias químicas, automotrices, textiles y de alimentos que forman El Castillo, el complejo industrial ubicado en El Salto y que de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hecho en 2012, más de 500 mil toneladas de contaminantes son vertidas diariamente.
Antes de eso, entre 2009 y 2011 el IMTA detectó más de mil sustancias químicas diferentes en el río como los metales pesados antes mencionados junto con nonilfenol, octilfenol, etoxilado y tetracloroetileno.
En el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes del año 2004 y hasta 2018 las industrias arrojaron 22 toneladas de contaminantes y metales pesados al agua de El Salto y registraron casi dos mil millones de toneladas de gases tóxicos en el área.
Zoltek, compañía estadounidense dedicada a la comercialización de fibra de carbón encabeza la lista de los mayores contaminantes con 16-5 toneladas de metales pesados vertidos al Río Santiago de 2010 a 2013. También figuran Hershey´s; las empresas japonesas Honda, de automóviles y Quimikao de químicos,ZF Suspension de autopartes alemana y la francesa Virbac de alimentos para animales.
Por su parte Nestlé arrojó 82.6 kilos de contaminantes como níquel y cromo al agua entre 2013 y 2018; mientras que Casa Cuervo 9.9 toneladas de tóxicos entre 2012 y 2018.
Entre esos mismos años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 2 mil 65 inspecciones y verificaciones a las empresas, en 735 casos no hubo irregularidades, en mil 296 se detectaron faltas menores y se clausuraron 34 instalaciones, de este total 16 de forma parcial y 18 totalmente. Las ganancias de ña Asociación de Industriales del Salto reporta 20 mil millones de dólares por ganancias y las multas de Profepa ascendieron a 31.5 millones de pesos únicamente.
“A pesar de los daños a la salud y la falta de controles administrativos para impedir que las empresas sigan desechando contaminantes al agua, el Gobierno de Jalisco (presidido por Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano) anunció en diciembre de 2019 la apertura de otro nuevo parque industrial en El Salto, que contará con una inversión de 110 millones de dólares”, termina el reportaje de RT.
