El coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, Emiliano Calderón, presentó este viernes un diagnóstico sobre las tecnologías de la información y la comunicación y las acciones correctivas en el gobierno federal, donde destacó un ahorro de 228 millones de pesos en la Oficina de la Presidencia de la República, es decir, un 59% en relación con el año 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El funcionario mencionó que, tras la llegada la presidencia, el equipo que encabeza descubrió un desorden administrativo que implicaba la utilización a conveniencia de las partidas presupuestales para enmascarar gastos de tecnología. Asimismo, se descubrió que las compras no eran comprobadas, ni se les daba seguimiento.
“Nos costó mucho trabajo encontrar dónde la tecnología era comprada y gastada. Los gastos se ocultaba en rubros como sistemas administrados, integrados, seguridad; hay casos de sistema de seguridad que contemplaban desde las cámaras hasta el personal”, comentó.
De acuerdo con Calderón, se encontraron contratos de licitación millonarios que favorecían a ciertos proveedores y empresas cercanas a funcionarios y a costa del recurso público, así como la subcontratación de actividades sustantivas del gobierno y la recepción de una infraestructura deficiente del sexenio anterior, es decir, “un cementerio de máquinas apagadas y obsoletas”.
“Los servidores públicos que tristemente debían ser técnicos los encontramos como habilitadores de contratos. También hay un tema: faltaba estrategia y no había un rumbo claro en la política del gobierno, lo que nos da compras indiscriminadas de tecnología, sistemas que hacen lo mismo, nula compatibilidad, pagos costosos”, añadió.
La situación, dijo, se perfiló desde el año 2006, en el sexenio de Felipe Calderón, con la publicación de un decreto con el que el gobierno se deslindó de sus obligaciones tecnológicas y se las confirió a empresas privadas.
Sobre los sobrecostos y gastos superfluos, el funcionario ejemplificó un caso del ISSSTE donde, por un centro de datos, se tenían contratos mensuales por 46 millones de pesos, lo que representaban 556 millones de pesos anuales. Ahora, la actual administración paga 322 millones de pesos anuales, lo que representa un ahorro del 42%.
Otro caso fue el “Sistema de inteligencia de negocios”, también del ISSSTE. En 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó de forma directa a la empresa “Business Intelligence Strategos y Advanced Consulting Solutions el “levantamiento de necesidades” por 81.9 millones de pesos, el cual se incrementó a 93.5 millones de pesos producto de dos modificaciones.
En 2017 se le adjudicó un segundo contrato a la empresa para el desarrollo del sistema y costó 92.7 millones de pesos. “Este sistema de inteligencia de negocios fue un desperdicio total de 187 millones de pesos. Ahora el sistema se está usando y se está viendo como se puede alimentar con datos de forma rápida y ágil. Estamos viendo como se puede utilizar y no contratamos nada más”, dijo.
Además, abordó un contrato de la Secretaría de Salud por un “servicio administrado de reproducción de documentos (fotocopias e impresión)”, que presentó irregularidades; no se reportaron los gastos y los registros de impresión estaban alterados, entre otros aspectos. Tuvo un precio mayor a los 80 millones de pesos.
Sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó el contrato con una empresa privada por el “Centro de datos y seguridad de información”, la cual tenía a su cargo la seguridad informática que protege los datos de la Secretaría. Explicó que la actual administración tuvo que rediseñar el Centro de datos y eliminar servicios innecesarios, por lo que ahora se gastan 87.6 millones de pesos anuales en relación con los 146.8 millones que se gastaron en el sexenio anterior, es decir, un ahorro de 40.3% o 59.2 millones de pesos.
Otro caso de la SRE fue el contrato que se adjudicó para la creación de un “Control Biométrico”, que costaba 121.3 millones de pesos anuales y ahora cuesta 29.3 millones de pesos, es decir, un ahorro de 78.8%.
En el caso del Sistema de Administración Tributaria, mencionó el caso de un contrato para el Licenciamiento para Mantener la Operación Legada de Aduanas e Impuestos Internos. “Un proyecto obsoleto”, indicó. Este contrato tenía un costo de 734 millones de pesos anuales y se redujo a 367 millones de pesos, lo que representa un ahorro del 50%.
En el caso de Prospera, apuntó que gracias a procesos de depuración y la cancelación de contratos se logró generar un ahorro por los sistemas del área operativa. Se trató de un ahorro de 53.9% al pasar de 394 millones de pesos anuales a 182.1 millones de pesos anuales.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social se pagaron 247 millones de pesos en 65 contratos por un sistema de información social integral que nunca entró en funcionamiento y tuvo cuatro años de desarrollo. La actual administración está intentando rescatarlo. “Es un elefante blanco”, comentó.
Tras referir otra serie de casos, Emiliano Calderón expuso que se han interpuesto 50 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades y excesos en la compra de servicios y equipos de tecnología.
“El robo en tecnología no es la estafa maestra sino la estafa magistral”, subrayó.
Y, ante la pregunta de si Alejandra Lagunes, responsable del área digital del sexenio pasado, podría ser implicada, contestó: “Es difícil que haya un culpable directo porque todo está legalmente aprobado, incluso con comités, así que es difícil tener el resultado de alguien en la cárcel, porque al final no hay responsable, por la dispersión en el proceso de compra”.
