La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de varios menores y adolescentes en un local de videojuegos en Uruapan, Michoacán, el cual fue presuntamente perpetrado por integrantes de un grupo delictivo.
El organismo urgió a las autoridades de esa entidad federativa y de la federación a implementar acciones y políticas públicas integrales para detener la violencia e inseguridad que prevalece en diversas regiones del país, la cual afecta de forma especialmente grave a niñas, niños y adolescentes.
Además, exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación expedita y diligente que permita sancionar a los responsables y apoyar de manera integral a las familias de las víctimas, y hace un llamado para que los medios de comunicación se abstengan de difundir imágenes de los hechos y datos personales que revictimicen a las personas agraviadas.
“La actividad de grupos criminales en México genera múltiples violaciones a los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que van desde la mortalidad por
el uso de la fuerza letal, la pérdida de sus familiares por homicidio o desaparición,
el desplazamiento forzado, la pobreza, la privación de su libertad, la explotación y
trata, hasta impedir su acceso a derechos como la educación, la salud y la seguridad
social por mencionar algunos”, señala un comunicado del organismo.
En ese sentido, la CNDH subraya que es indispensable que las autoridades adopten, entre otras acciones, una estrategia de mediano y largo plazo, con personas expertas, ante el reto que involucra enfrentar la violencia relacionada con el crimen organizado y su impacto en niñas, niños y adolescentes; así como impulsar una reforma profunda de las instituciones de procuración y administración de justicia que permita su autonomía y abata la impunidad, la corrupción e ineficacia.
“Asimismo, generar estrategias a nivel local que involucren la participación de
familias, la comunidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes para restituir el
tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y violencia generalizada”, plantea la CNDH.
