El lunes 10 de febrero, la Fiscalía General de la República entregó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, 2 mil millones de pesos, para pagar los premios de la rifa del Avión Presidencial, para que entonces el dinero recaudado se gaste en equipo médico de hospitales públicos.
Ahora fuentes federales aseguran que se recuperaron los 2 mil millones de pesos de un presunto desvío de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a una empresa privada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que ascendería a más de 5 mil millones de pesos para la cancelación de un contrato con Telra Realty.
Esta cantidad fue pagada en 2017 porque la administración de Alejandro Murat, hoy gobernador de Oaxaca emanado del PRI, decidió cancelar el contrato exclusivo del programa de Movilidad Hipotecaria. Según Carlos Puig de Milenio, Murat se hizo de unos 20 millones y medio de pesos en sólo tres años como director del Infonavit.
Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal podrán destinarse a favor de las dependencias”.
El sucesor de Murat al frente del Infonavit, David Penchyna, ex diputado federal del PRI, propuso pagar a la empresa 5 mil 88 millones de pesos para evitar futuras demandas. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, explicó que las investigaciones continúan y que se puede disponer de ese dinero como parte de las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
En octubre de 2019, trascendió que Penchyna Grub es investigado por la presunta adjudicación de bonos millonarios que habría obtenido mientras se desempeñaba como director general del Infonavit.
Penchyna habría obtenido 7 millones de pesos mediante siete bonos que se autoentregó durante 2018, es decir, durante el último año que pasó al frente del instituto, a donde llegó con la entrada del expresidente Enrique Peña Nieto, según medios nacionales.
Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio, establecen que la fiscalía puede disponer de dinero o bienes asegurados durante sus investigaciones antes de que se dicte sentencia y mediante la tramitación de un proceso de extinción de dominio.
“Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la administración pública, de la FGR, así como de los gobiernos estatales y municipales, según lo determine el gabinete social de Presidencia para que se destinen al servicio público, en programas sociales u otras políticas prioritarias”, dice la reforma.
La ley establece que si al finalizar el asunto penal se determina no responsabilidad de los imputados y la devolución de lo asegurado, el Estado deberá hacerse cargo.
“En caso de restitución del bien sujeto al proceso de extinción de dominio ordenada por la autoridad judicial, cuando el bien haya sido vendido de manera anticipada, se pagará el producto de la venta más los productos, rendimientos, frutos y accesorios, menos los gastos de administración que correspondan”, indica el texto.
Gertz Manero informó que en materia penal lo más importante es la reparación del daño a las víctimas y que en este sentido el patrimonio del Estado mexicano ha sido saqueado.
