Esta tarde en la emisión radiofónica de A Barlovento Informa, se realizó una entrevista telefónica a la investigadora del programa de rendición de cuentas en el combate a la corrupción, Sarahí Salvatierra, quien también pertenece a la organización FUNDAR, quienes se encargan de realizar investigaciones encaminadas a la transparencia, que nos platico sobre los fideicomisos que por decreto presidencial se van a extinguir.
La representante de FUNDAR, mencionó que desde la organización, llevan la agenda de los fideicomisos desde hace varios años, ya que “observamos que los fideicomisos han sido instrumentos financieros que han sido utilizados por el Gobierno como un apoyo para el cumplimiento de sus fines y obviamente tienen sus ventajas porque permiten que se destinen estos recursos para sólo para un fin específico sin que puedan ser tocados por otras entidades o incluso otras administraciones. Cómo son administrados por instituciones bancarias permite que se vayan incrementando y estén guardados”.
Sin embargo, recalcó que hay muchos de estos fideicomisos, que durante años no cumplieron con amplias garantías de transparencia y rendición de cuentas y otros tantos que están relacionados con garantías en derechos humanos, esto se descubrió tras analizar la transparencia y la rendición de cuentas en el erario.
Ante esto, “nos parece importante que recursos que son utilizados para garantía de derechos humanos o para servicios públicos sean manejados transparentemente, independiente de que sean analizados por los instrumentos financieros”, indicó.
Asimismo, detalló que hay muchos fideicomisos federales tanto en la Administración Pública como en el Poder Judicial y el Legislativo, así como en Organismos Autónomos. “Nosotros dimos cuenta de los que son a nivel federal. Conforme al último informe trimestral que se saca en Hacienda, en donde existen actualmente 338 fideicomisos se les denomina nueva entidad paraestatal, esto implica que sólo son como contratos y su monto hasta diciembre de 2019 es de más de 700 mil millones de pesos”.
Además, precisó que estos fideicomisos no cuentan con la transparencia requerida, lo que permite que los recursos puedan ser utilizados de manera opaca, ya que de la información pública que se encuentra en las fuentes oficiales, sólo refleja el monto total de cuanto ingresan, cuanto se gastan en el año y cual es la disponibilidad con todos los rendimientos que generan.
No obstante, “esta información no te ayuda a determinar si están cumpliendo con los fines por los cuales fueron destinados, o cuales son los estados de cuenta, que incluso ya es una obligación en la Ley de Austeridad, que te permiten ver de manera más desglosada el gasto en cada uno de ellos”, aseguró.
En ese sentido, “los fideicomisos no entidad paraestatal” no figuran como buenos o malos, sino más bien es la opacidad con la que son manejados los recursos. “Es justo la forma como se administran, la poca transparencia y que estos fideicomisos no cuenten suficientes mecanismos para la rendición de cuentas, de vigilancia ciudadana y de análisis de cumplimiento de los fines”, precisó.
Con respecto a la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la representante de la FUNDAR, mencionó que este organismo, por muchos años realizó análisis a algunos fideicomisos. “Ellos han reiterado los riesgos que existen a través de que sean manejados por instituciones financieras privadas bancarias, ya que no se registran adecuadamente cuáles son los gastos que realizan y el procedimiento de contratación al no estar regulado, puede no estar conforme a como se establece en la Ley de Contrataciones Públicas, lo que genera riesgos en la rendición de cuentas”.
Por otra parte, debido a la declaratoria del presidente de la República, de extinguir los fideicomisos que no estén previstos en Ley o que requieran de alguna reforma constitucional, Sarahí Salvatierra, refirió que “desde la Ley de Austeridad se pusieron muchos candados y ahora con este decreto hay más. Es muy importante saber la lista de los que se van a extinguir, así como también necesitamos conocer el destino de los recursos de estos fideicomisos que van a desaparecer y es muy importante que se garantice la rendición de cuentas de cómo fueron utilizados”. En tanto para los fideicomisos que van a quedar vigentes, es importante saber cuales son, para generar el reforzamiento en los mecanismos de eficiencia en garantías de derechos humanos.
De igual manera, en la lista de los 338 fideicomisos, incluyen los que son por mandato y los que son análogos, manejados de manera similar por instituciones financieras privadas bancarias, “entonces el seguimiento para todos estos, pueden tener los riesgos que llevan a cabo los fideicomisos, porque al final son recursos públicos y se debe garantizar su eficiencia y la rendición de cuentas de los mismos”, señaló.
Cabe destacar que de estos fideicomisos que están en posibilidad de desaparecer se obtendrá una bolsa 110 mil millones de pesos, en recursos que se destinarán a fortalecer programas sociales, a reactivar la economía, apuntalar a Pemex y pagar la deuda, “estos fideicomisos pueden ser de infraestructura importante, de apoyo de subsidio y algunos sí pueden tener afectaciones a las garantías de derechos humanos”.
“No solamente es extinguirlos y tenerlos ya en la cantidad, sino también saber cómo fueron ejercidos para conocer si cumplieron con las garantías de eficiencia y el cumplimiento de transparencia, además, se requiere conocer si dichos montos no estaban previamente comprometidos para futuras obligaciones del fideicomiso, y de verdad exista la disponibilidad de los recursos”, así lo dio a conocer Sarahí Salvatierra.
