En plena contingencia por el Covid-19, el presidente conservador de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el Partido Nacional, del cual emana, pretenden que, con cubrebocas, el Congreso sesiones para aprobar lo que llaman la Ley Urgente de Consideración (LUC).
Pese la resistencia del partido opositor, se prevén maratones Legislativos para aprobar un gran número de artículos en diversas áreas de la política uruguaya.
En cuanto a los cambios en materia económica, se señala la necesidad de imponer “un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo”. “No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado”, señala el texto.
Según El País, la LUC también contempla la derogación de más de 60 leyes adoptadas durante los 15 años de gobierno del izquierdista del Frente Amplio. Así, cambia normas que regulan el sistema de educación pública, se abre un debate sobre las jubilaciones, se cambia la ley de inclusión financiera y se abarcan temas tan dispares como la creación de un registro de violadores o la modificación de la política de áreas protegidas por razones medioambientales.
En tanto, la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, señaló que “no hay antecedentes de que hubiera una ley de urgente consideración de tanta cantidad de artículos” en Uruguay, y considera que la LUC plantea “un antecedente peligrosísimo” ya que si “transcurren los cinco años, un partido ‘X’ gana las próximas elecciones, tiene sus mayorías y manda una ley de urgente consideración de 3 mil artículos, se acabó el Parlamento”.
Asimismo, en días pasados se ha planteado la adecuación del artículo 115 que indica que a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas se le suma el derecho al porte de armas por el personal militar en situación de retiro. “Sin perjuicio de lo dispuesto, el personal militar en situación de retiro que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma corta, la que deberá estar registrada con su consiguiente Guía de Posesión actualizada. El Ministerio de Defensa llevará un registro de Personal Militar en situación de retiro con Porte de Armas vigente”, dice en el texto.
