Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue asesinado junto con dos hombres y dos mujeres, en el fraccionamiento Brisas de Temixco, en Morelos el pasado jueves.
Alrededor de las 4:00 de la tarde, un comando de al menos cuatro sujetos ingresó al domicilio ubicado en la calle Brisas del Pacífico número 2, en el municipio de Temixco. Luego huyeron tomando hacia la Autopista del Sol, que se encuentra a unos metros.
En tanto, fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que Gamboa Lozano, tenía mucho que aportar en la investigación de desvío del erario público del ramo 23, en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), movimientos vinculados a lo que se conoció como la ‘Operación Safiro’.
El gobierno de Chihuahua no alcanzó a citar al exfuncionario federal para que declarara, porque a través del caso que involucra al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, éste promovió amparos para que fuera llevado a instancias federales.
“Él (Gamboa) hizo posible la denominada operación Zafiro. A través de dicha estrategia, desde la Secretaría de Hacienda tuvo lugar una millonaria operación para desviar recursos públicos a través de millonarias asignaciones a algunas entidades federativas con cargo al fondo de estabilización que después eran ejercidas a través de contratos simulados con empresas fantasmas o ‘efos’ y posteriormente desviarlas presuntamente para el uso en campañas políticas”, explicó el fiscal según el portal de Proceso .
Y añadió que el ex funcionario de Peña Nieto, era el operador de esa estrategia; fue quien “inevitablemente tenía que autorizar esos recursos. En Chihuahua pudimos detectar que no sólo en nuestro estado operó esa maniobra de la anterior administración. Hubo otros estados que por razones que nos son desconocidas, ni siquiera intentaron documentar tales hechos y mucho menos perseguir esos delitos”.
El diario Reforma reportó en 2018 que testigos de la Fiscalía de Chihuahua señalaron a Gamboa Lozano de ser el operador de los desvíos que el gobierno de César Duarte Jáquez hizo a través del convenio ‘Fortalecimiento Financiero’ para las campañas del PRI en 2016 con un monto de 250 millones de pesos, lo que le involucraría más en la trama ‘Safiro’.
El 17 de diciembre de 2017, Gamboa firmó un nuevo convenio de “Fortalecimiento Financiero” para apoyar al gobierno del panista de Javier Corral con 700 millones de pesos, mismo que fue cancelado después de la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, según Aristegui Noticias.
Al respecto, Corral indicó para el programa radiofónico de Carmen Aristegui que el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, indagó en su gobierno hasta dónde llegaban las investigaciones de la Fiscalía luego de la detención de Gutiérrez ena administración del gobernador panista y si es que estaban indagando en otros estados.
“Detuvimos a la pieza clave del modus operandi de la corrupción política que toma recursos públicos para las campañas y están muy preocupados. Les dijimos que no podemos investigar a otros estados… ¿cómo es posible que a un estado se le deje de depositar porque el secretario de Hacienda quiere conocer el alcance de una investigación?”, preguntó Corral.
Qué fue la “Operación Safiro”
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada en noviembre de 2018, documenta que en la llamada ‘Operación Safiro’ (sic) se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para presunto financiamiento de campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.
En la trama, retrata MCCI, se utilizaron 12 empresas fantasma que –según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Autoridades de 7 estados, desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.
En menos de una semana, del 8 al 13 de abril de 2016, fueron dispersados a través de empresas fachada 83 millones de los 90 millones de pesos que había pagado el Gobierno de Chihuahua a la empresa Futura por servicios inexistentes.
Operaciones similares de dispersión de fondos a empresas fachada se hicieron con otros tres pagos por 156 millones de pesos que el Gobierno de César Duarte realizó a Servicios y Asesorías SINNAX, SAMEX y SISAS por cursos que jamás se impartieron.
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.
En aquella revelación, se mencionó el uso de 4 empresas fantasma. Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
De acuerdo con testimonios ministeriales de ex funcionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.
Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.
Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.
Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.
En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos.
Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.
Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
“Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio.
Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.
Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.
Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.
El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros.
MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres.
En julio de 2019, por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer los amparos que involucran al Gobierno de Chihuahua para que se le reconozca como víctima por el presunto peculado que se le imputa al exsecretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
A propuesta de la ministra Norma Piña, quien entonces obtuvo el respaldo de los ministros Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara, la Segunda Sala admitió la solicitud de un tribunal federal al considerar que es de trascendencia jurídica aclarar si Chihuahua es víctima en el caso.
A la postre, en octubre de 2019, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó que la renuncia del Ministro, Eduardo Medina Mora, abría el camino para que Chihuahua buscase justicia por el desvío de 250 millones de pesos destinados a las campañas del PRI, debido a que, según el ejecutivo local, era “evidente que la presencia de Medina Mora en esta investigación y en este caso era parcial”.
En septiembre de 2018, para Aristegui Noticias, Jorge Espinoza Cortés, consejero Jurídico de Chihuahua, indicó que la ‘Operación Safiro’, no pudo ejecutarse sin la autorización del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Asimismo, en septiembre pasado, destacó que el priísta, Manlio Fabio Beltrones, se habría amparado precisamente por los desvíos relacionados a dicha Operación.
Puedes leer la investigación completa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el siguiente enlace:
