El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí envió una carta a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, en la que le solicita que se impulsen seis reformas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos por el país con Estados Unidos y Canadá, ante la entrada en vigor de T-MEC.
En dicha carta, Salazar Lomelí pide a Ricardo Monreal, “que se construya los acuerdos necesarios para impulsar la discusión y aprobación en el Senado de las reformas que se requieren” para implementar reformas ligadas al marco jurídico del T-MEC, así como otras que afectan la eficiencia economía y que están actualmente en la agenda legislativa.
“La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país”, se menciona en la misiva.
El CCE, reconoce que en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, los Grupos Parlamentarios del Senado coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para reactivar la economía, estimular el empleo y la inversión, impulsar el establecimiento de un Consejo de Emergencia Económica, e implementar un programa integral de infraestructura que beneficie a cada uno de los Estados de nuestro país.
“En un momento en que, para atender la contingencia de salud del Covid-19, hemos tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, el reto económico autoinflingido se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables”, precisa el texto.
En este sentido, las Leyes y reglamentos que se requieren adecuar a los compromisos del T-MEC son la Nueva Ley de Propiedad Industrial; la Reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor; Reforma al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas; Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera; Reforma a la Ley Federal de Variedades y Vegetales; así como a Ley de Infraestructura de Calidad.
“Se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva, en razón de lo cual consideramos indispensable que, en este proceso de analisis, aún cuando los plazos de discusión sean reducidos, se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado”, enfatizó Salazar Lomelí.
“Reiteramos la disposición de los organismos integrantes del CCE para profundizar en los argumentos presentados, de manera que pueda construirse una legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño exitoso de la economía mexicana”, se indica al final de la misiva.
