Con el decreto presidencial y la denuncia que interpuso el IMSS en la Fiscalía General de la República (FGR), “hay confianza en que habrá justicia” en el caso de la Guardería ABC, informó el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo.
A once años de la tragedia en Sonora, aseguró qué hay nuevos hechos a la luz en materia de derechos humanos del 2011, hay nuevas responsabilidades y nuevas pruebas.
Resaltó que en se ha retomado la investigación y el proyecto del voto, que en 2010 presentó el ministro Zaldívar, pero que desafortunadamente, la SCJ en qué año votó en contra, “lo que quedó ahí fue la última ejecución de la facultad que tenía antes la corte de iniciar una investigación”.
En ese sentido, señaló que se han abiertos los expedientes para que podamos nutrir la denuncia penal, nos parece que es fundamental no solamente en lo que ocurrió hace 11 años y la responsabilidad en materia de protección civil, sino sobre todo lo que revelaba el voto: “el desorden generalizado al interior del seguro social en la subrogación y entrega de vigilancia de las guarderías; es decir un seguro se había convertido en hacer favores y en una forma de hacer negocios con una cuestión delicada que es la de cuidar a los niños”.
Reveló que, también ya hay una participación de los padres en el comité técnico del fideicomiso que administra los recuerdos de ABC.
Destacó el decreto presidencial publicado el pasado 12 de marzo, donde se otorga la certeza jurídica de las responsabilidades del estado mexicano frente a las familias y frente a los niños sobrevivientes.
“Se ha planteado a partir de un trato igualitario y una certeza que, se equipara a la dignidad jurídica de tener en un decreto presidencial las responsabilidades del estado en el resto de sus vidas”, precisó.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de DDHH de Segob, informó que la denuncia del IMSS se suma a la petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sume a las indagatorias del caso de la Guardería ABC.
“Estamos no solamente abiertos al escrutinio internacional, sino brindando todos los elementos para que la CIDH dé satisfacción a la demanda de las familias que acudieron con esta petición”, sostuvo.
Añadió que en pasado 27 de Mayo del 2020, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con la Segob y conocimiento de padres de familia, se ha presentando un informe amplio y puntual sobre los hechos que “a juicio nuestro deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción internacional”.
