El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que una de las formas para terminar con el problema de las desapariciones forzadas, es eliminar las causas que lo originan, que en este caso es la violencia y la impunidad.
Durante el encuentro latinoamericano sobre desapariciones forzadas, organizado por la por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Encinas explicó que el Gobierno de México impulsa un cambio de paradigma en la política de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
Esto se dio principalmente, ya que desde los años sesentas y setentas, se implementó la desaparición forzada por parte del Estado, como “práctica continua y sistemática”, con el fin de evitar la disidencia y que con el tiempo por las condiciones sociales del país, se asoció a las actividades criminales como la corrupción gubernamental y la impunidad.
A 39 años de una de las desapariciones forzadas por parte del Estado más conocidas, el movimiento conocido como el “Halconazo”, el subsecretario refirió que la actual administración desarrolla una institucionalidad con acciones que permiten reconocer la responsabilidad del Estado para brindar seguridad y protección a las personas.
En este sentido, el subsecretario Encinas reconoció que “la desaparición forzada es un fenómeno de enorme dimensión que requiere de leyes, instrumentos e instituciones para enfrentarlo y crear las condiciones para dar resultados en los próximos años”.
Además, sostuvo que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la verdad y el derecho a las familias a encontrar a sus seres queridos, así como también del Gobierno de México, lograr un cambio encaminado a erradicar esta problemática.
Asimismo, reiteró su compromiso, que es el mismo del presidente, Andrés Manuel López Obrador; “de no proteger a quienes cometan este delito en el pasado o en el presente, ya que no se tiene porque encubrir a nadie, ya que parte fundamental de justicia en la materia es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales”, indicó.
