El ex subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, reconoció que su casa del fraccionamiento Tres Marías en Morelia, fue cateada por elementos de la Fiscalía General de la República.
Cuando se dio la desaparición de los normalistas en Guerrero, Arrieta era director operativo de la Policía Ministerial, mientras que Tomás Zerón de Lucio fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); ambos ahora son buscados como presuntos responsables de ejercer tortura contra los primeros indiciados.
La Fiscalía federal acusa a Carlos Gómez de participar en la tortura de un testigo sobre los hechos en donde desaparecieron los estudiantes.
Por ello, en el mes de junio del año 2019, tuvo que renunciar al cargo de subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. Días antes, el diario español El País, mostró un video en donde presuntamente aparece Gómez Arrieta tratando de asfixiar Carlos Canto, quien presuntamente participó en la desaparición de los normalistas y fue detenido el 22 de octubre de 2014 por policías municipales de Guerrero y elementos de la Marina.
En el marco de la presentación del “Informe Anual de Labores 2018” de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su titular negó que la Comisión haya encubierto esta práctica: “No hay que confundirnos, la Comisión Nacional señaló que había violaciones a los derechos humanos de esta persona que fue detenida arbitrariamente, que tuvo un retención ilegal y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo.
Además, Luis Raúl Gonzales Pérez añadió que la PGR se negó a proporcionar información sobe el caso Ayotzinapa así como de otros tantos. “La Comisión Nacional no ha encubierto, y rechazo esa afirmación falaz. Esta persona es víctima de violación a derechos humanos, está señalado en la recomendación, por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y además se investiguen las razones por las cuales no quisieron proporcionar esa información”, dijo y precisó que la CNDH no conocía el video de la tortura a Carlos Canto.
De igual forma, el titular de la Comisión señaló que existen pruebas de que ellos hicieron las gestiones correspondientes para obtener la información de la PGR, las cuales, no fueron atendidas. “Tenemos evidencia de que solicitamos la información que estaba realizando la PGR sobre tortura de esta persona. La pedimos oficialmente. Siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar, este es uno más. Nos ponían a trascribir las constancias cuando nos dejaban acceder a la información. El titular de la oficina de Iguala no nos proporcionó la información”.
Sin embargo, una de las quejas de las organizaciones sociales que han presentado inquietud en la inacción de la CNDH, es que esta no es la primera vez que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se habla de tortura. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, los detenidos señalaban a agentes de la policía ministerial, adscrita a la Fiscalía Federal. Uno de esos 23 era Carlos “N”, el hombre que aparece en el video ahora público.
Las organizaciones Servicios y Asesoría por La Paz, así como los centros de Derechos Humanos de la Montaña y Miguel Agustín Pro reprocharon que a más de cuatro años ni siquiera en los casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Respecto al detenido Carlos “N”, ahora ya reconocido como Carlos Canto, se recordó que la CNDH concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o a descargas eléctricas, pese a la abundancia de pruebas y a la reiterada denuncia del detenido.
También evidenciaron que la CNDH, en su Recomendación sobre Ayotzinapa evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo la hubo violación a los derechos humanos en ocho de ellos.
Luego de que apareciera el video de tortura a Carlos Canto, el entonces subsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien en al momento de la investigación de los normalistas desaparecidos en Iguala, se desempeñaba como encargado de la Policía Federal de Guerrero, renunció al cargo por su posible participación en el acto de abuso de autoridad, debido a que, al parecer, su voz es la que se escucha amenazando a Canto.
