La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó y puso multas a Cyber Robotics Solutions, una firma de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
Las multas surgieron por la venta de ventiladores con sobreprecio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un contrato adjudicado a Cyber Robotics Solutions en abril.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que el pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa hoy inhabilitada —misma que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de COVID-19 en Hidalgo.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la Función Pública también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición.
Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la dependencia ordenó como medida cautelar —en estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.
“Informamos que ya se han concluido todas las etapas procesales de este procedimiento administrativo y próximamente se emitirá la resolución sancionadora correspondiente”, aclaró,
Las oportunas acciones de la Secretaría de la Función Pública evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades:
El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno federal.
La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.
La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.
Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
La Secretaría de la Función Pública actuó de inmediato frente a esta situación y, como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.
“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, destaca en el documento.
